Las universidades canarias piden que no entre en vigor la cotización por las prácticas
Educación ·
La universidad grancanaria cifra en unos 120.000 euros el coste de la medida. Empresas públicas y privadas ya han anunciado que no acogerán estudiantes el próximo curso
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se muestra en contra de que a partir del próximo 1 de octubre se tenga que cotizar a la Seguridad Social por las prácticas formativas. Esto supondría un coste de unos 45.000 euros anuales, advierte el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, David Sánchez, cantidad a la que habría que sumar los gastos de personal o de contratación de un servicio externo para gestionar las altas y las bajas del estudiantado afectado, unos 5.000 al año. Por lo que supondría unos «110.000 o 120.000 euros anuales aproximadamente».
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El coste de la Seguridad Social por estudiante se estima entre 50 y 60 euros mensuales.
Tanto la universidad pública grancanaria como la de La Laguna (ULL) mostraron este lunes su «preocupación» por la entrada en vigor de la disposición adicional 52ª de la Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que afectará al alumnado del próximo curso, y han pedido en un comunicado conjunto que «no entre en vigor» o, al menos, añade Sánchez, que se aplique una moratoria.
Según Sánchez, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que también se ha manifestado en contra, abordará de nuevo esta asunto a finales de esta semana.
Hasta ahora estas prácticas curriculares ni eran remuneradas ni requerían que el alumnado estuviese dado de alta en la Seguridad Social. Aún así, los convenios con las empresas y entidades colaboradoras, explica Sánchez, recogían que de tener que pagarse el coste lo asumirían éstas, aunque dejaba abierta la posibilidad de modificar este punto y que sea la entidad formativa la que lo pague. De hecho, reconoce Sánchez, ya algunas de las 1.300 entidades «privadas y públicas» que colaboran con la ULPGC han comunicado que viene no acogerán alumnado de prácticas. Renuncia que también han advertido a la ULL.
El problema, apunta el vicerrector, es que en Canarias, además, «tenemos un mercado reducido», con lo que encontrar empresas para que el alumnado haga prácticas en mucho más complejo.
El 60% del alumnado hace prácticas en instituciones públicas
En Canarias en todos los grados «son obligatorias» las prácticas curriculares, recuerda Sánchez, y en algunas titulaciones, especialmente de la rama de Humanidades, «es más difícil» encontrarles ubicación. Buena parte del estudiantado de Lenguas Modernas, por ejemplo, hacen las prácticas en entidades locales, en el Cabildo de Gran Canaria o en los museos, «si las entidades públicas no asumen el gasto -de la cotización de la seguridad social- ¿dónde ubicamos a los estudiantes?», se pregunta Sánchez. El alumnado de Primaria o Infantil las hace en centros dependientes de la Consejería de Educación. En realidad, el 60% del alumnado hace prácticas en organismos e instituciones públicas.
La ULPGC y la ULL recuerdan, además, que dado que el 'Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa', actualmente en desarrollo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la Mesa de Diálogo Social, «definirá la regulación de las prácticas externas universitarias», ambas consideran que resulta absolutamente imprescindible «que no entre en vigor» la disposición.
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