Serra: «Los consejos sociales no pueden ser los principales órganos de decisión en la universidad»

Los rectores de las dos universidades públicas canarias tienen relaciones «magníficas» con los consejos sociales de las instituciones académicas que dirigen pero rechazan el contenido de la reforma de la ley sobre estos órganos de representación social de los centros académicos, un texto legal que fortalece sus funciones y cuyo dictamen se vota este martes en el Parlamento regional. El motivo, la «invasión» de competencias de las universidades y el consiguiente menoscabo de su autonomía. Participación social sí, injerencia no, resumen.

«Queremos consejos sociales que nos ayuden a conectar con la sociedad, no que sean los principales órganos de decisión en la universidad», afirma el rector de la ULPGC, Lluís Serra. El máximo dirigente de la universidad grancanaria sostiene que «en el contexto actual», por la sintonía existente con el Consejo Social, «no va a pasar nada, pero debemos pensar en el futuro y defender la universidad pública y su autonomía».

Los rectores canarios insisten en que los consejos sociales pueden tener un cariz político en la medida en que gran parte de sus miembros son designados por el Gobierno regional –elige la presidencia–, Parlamento y cabildos. En el de la ULPGC suponen 13 miembros, por los siete representantes de la universidad. Además, hay ocho vocales de entes sociales y empresariales y tres de representación sindical.

Serra puntualiza que esta oposición a la ley por entender que otorga competencias que «exceden» a lo que le atribuye la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) «es fruto del análisis de especialistas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo». Lo mismo piensan desde la Universidad de La Laguna (ULL) y desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), para la que el texto legal canario «desnaturaliza la misión del Consejo Social como instrumento de participación y representación de la sociedad en la universidad» y lo transforma en un órgano de gobierno paralelo.

Pero ¿a qué injerencias concretas se refieren? Las universidades critican que los consejos sociales tengan la condición de «órgano de contratación» y que entre sus funciones esté poder «suscribir acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, incluyendo aquellos orientados al desarrollo de programas de empleabilidad, formación dual y transferencia de conocimiento». Así, exigen que esta función se limite a la firma de acuerdos con otros consejos sociales.

También denuncian que sean necesarios informes favorables de los consejos sociales para «la creación, modificación o supresión de departamentos, institutos universitarios de investigación, escuelas de doctorado y cualesquiera otros centros o estructuras necesarias para el desarrollo de las actividades académicas», así como para «la implantación y supresión» de titulaciones.

Por estos y otros puntos de la ley canaria, las universidades consideran que la norma va más allá de una modificación para adaptarse a la LOSU y amplía «desmesuradamente el ámbito de las competencias que se atribuyen a los Consejos Sociales, sin cohesión alguna con necesidades específicas y propias que las justifiquen», destaca el informe de los expertos de la ULPGC.

«La ULPGC es una de las universidades españolas con más titulaciones y centros acreditados por su calidad. Esto garantiza el buen hacer académico, nuestra autorresponsabilidad, sin necesidad de ningún órgano que controle nuestra actividad externamente», sostiene el rector de la ULPGC.

Las críticas a la ley se entrelazan con una demanda histórica de la ULPGC y la ULL sin cumplir, el ansiado instrumento de financiación plurianual de las universidades públicas canarias, un contrato programa que se negocia desde la pasada legislatura y aún no tiene fecha de firma. «Esto es lo más importante, necesitamos los recursos necesarios para gestionar nuestras necesidades y seguir contribuyendo al avance de nuestra sociedad», argumenta el rector de la ULPGC.

«Estrangular a la universidad con recortes y con la limitación de su autonomía irá en detrimento del progreso de Canarias», añade Serra, quien destaca la contribución esencial de ULPGC y ULL en el desarrollo del archipiélago: «Las universidades públicas no barremos para casa ni queremos estar sujetas a partidos políticos; barremos para Canarias».

«La universidad ya está abierta a la sociedad, todos los días, y no se trata de querer defender unos intereses del equipo rectoral o de la ULPGC, estamos hablando de preservar la autonomía universitaria», insiste Serra. Y añade que «si se quiere aumentar las atribuciones del Consejo Social deberíamos exigir un aumento de la cualificación técnica de sus miembros».

Todos los grupos parlamentarios salvo Vox presentaron en mayo de 2024 la proposición para modificar la ley de 2003 sobre Consejos Sociales y Coordinación Universitaria de Canarias para adaptarse a la LOSU –Canarias ha sido pionera– y se prevé que este martes el pleno de la Cámara regional vote el dictamen.

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad y actúa como elemento de relación entre ambas. Ya tiene importantes competencias, como la supervisión de las actividades de carácter económico de la institución académica y el rendimiento de sus servicios, promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad y en la adecuación de su oferta educativa a las necesidades sociales, así como en la promoción de la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes.

«Es en el ámbito de la conexión y colaboración de las universidades con el entorno social en el que debe moverse la norma que regule los Consejos Sociales, y es precisamente en el marco de esas funciones en las que deben interpretarse las funciones que la LOSU les atribuye», asegura el informe de los expertos de la ULPGC sobre la modificación de la norma canaria.

«La autonomía universitaria no es un privilegio corporativo, sino una condición indispensable para el ejercicio pleno de la función crítica, investigadora y formativa de las instituciones de educación superior», destacaron los rectores de la ULPGC y ULL en un reciente artículo de opinión, en el que hablan del temor de que la reforma de la ley de consejos sociales deje abierta una puerta para que en el futuro se pueda «tener la tentación de menoscabar» esa autonomía y la independencia de las universidades públicas.

Y como ejemplo extremo de posibles injerencias políticas exponían el ataque del Gobierno de EE UU de Donald Trump a universidades como Harvard. «Estamos viendo que se pueda suspender la financiación por no aceptar las normas dictadas desde el gobierno federal, y es el principio de lo que puede llegar», alerta Serra.

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