Consejos sociales: sí a la participación social, no a la injerencia

Lamentablemente, el proceso de modificación de esta normativa ha carecido del diálogo necesario y que reclamamos cuando tuvimos conocimiento de esta iniciativa. Comparecimos ante el pleno de la Comisión Parlamentaria encargada de desarrollar estos trabajos y trasladamos a los distintos grupos propuestas fundamentadas, basadas en nuestra experiencia y en el conocimiento de nuestras comunidades universitarias. Desgraciadamente, la práctica totalidad de ellas no han sido tenidas en cuenta.

En un reciente artículo de opinión publicado en la prensa canaria, en el que quienes firmaban alababan el contenido de esta reforma, se hablaba indistintamente de «fortalecer los consejos sociales» y «fortalecer las competencias de los consejos sociales». Y no es casualidad, porque lo que se hace con esta reforma es dotar de más competencias a estos órganos, detrayéndoselas a otros ámbitos del sistema de gobernanza universitaria, lo cual va a generar confusión y, en no pocas ocasiones, un choque de legitimidades. Asimismo, algunos artículos de esta norma introducen ineficiencias significativas. Es el caso de la disposición que otorga a los consejos sociales un plazo de hasta dos meses para emitir informes preceptivos -y, en ciertos casos, vinculantes- sobre competencias específicas, lo que puede ralentizar notablemente la gestión universitaria.

Sin embargo, esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias: llueve sobre mojado. Casi de manera similar a lo que ha ocurrido con la reforma de la ley de consejos sociales, la tramitación que se está llevando a cabo de la ley canaria de la ciencia ha ignorado también la perspectiva y aportaciones de nuestras universidades públicas, a pesar de generar más del 90% del conocimiento científico generado en nuestro Archipiélago y formar al 100% de los nuevos doctores y doctoras.

Pero es que, además, nuestra comunidad autónoma ya constituye una excepción en el conjunto del territorio español al no contar con un instrumento financiero plurianual, tal y como, por otra parte, mandata la LOSU. Llevamos años reclamándolo y seguimos, al final de cada ejercicio presupuestario, tratando de hacer equilibrios en el alambre de la viabilidad financiera de nuestras instituciones para superar únicamente el año siguiente. Sin embargo, los consejos sociales de ambas universidades públicas canarias tienen un presupuesto cercano a los 750.000 euros, cuando la media nacional está en torno a los 200.000 euros, y solo en algunas grandes universidades de Madrid o Barcelona llega a 500.000 euros.

Por si fuera poco, nuestra comunidad autónoma constituye una especie de laboratorio de desarrollo desaforado del sistema universitario privado, habiéndose autorizado hasta el momento cinco proyectos empresariales, con un sextto en proceso, algunos de ellos con informes negativos contundentes del Ministerio de Universidades, que arrojan serias dudas de su viabilidad académica, social y económica.

Según un estudio del Ministerio de Universidades sobre el impacto económico del sistema universitario español (2021), las universidades públicas canarias son las terceras que más contribuyen al PIB regional, con un 2,5 %, solo por detrás de las catalanas y andaluzas. Además de este impacto en nuestra economía, tenemos el orgullo de colaborar de forma habitual con empresas e instituciones públicas en ámbitos clave para el bienestar de nuestra sociedad y el futuro del Archipiélago, como la gestión de los flujos migratorios, el reto demográfico, el cambio climático y muchos otros desafíos estratégicos.

Para sostener y ampliar nuestra contribución a la sociedad, es imprescindible actuar con rigor y cautela en los procesos regulatorios. Tal como hemos señalado, la proposición de ley relativa a los consejos sociales, en su redacción actual, generará confusión normativa, duplicidades en la gestión y un previsible choque de legitimidades entre el Consejo Social y otros órganos universitarios. A ello se suma una preocupación mayor: el impacto directo que esta norma puede tener sobre la autonomía universitaria. El traslado de competencias desde el Consejo de Gobierno o desde la figura del Rector o Rectora, elegida por sufragio universal, hacia un Consejo Social cuya presidencia es designada por el Gobierno de Canarias a propuesta de la Consejería competente, representa un claro riesgo de injerencia externa.

En un reciente comunicado de apoyo a la comunidad universitaria de Harvard advertíamos de que la agresión del gobierno norteamericano a su autonomía y a la de otras universidades referentes, podían generar un efecto contagio y animar a otros gobiernos a iniciar caminos similares poniendo en marcha iniciativas legislativas restrictivas de dicha autonomía. En aquel momento citamos a Noam Chomsky y hoy toca volver a hacerlo con más convicción: «si las universidades no son independientes, si están subordinadas a una autoridad externa —gubernamental, corporativa u otra— entonces no pueden cumplir su función como centros de indagación crítica y compromiso democrático».

Por ello, las universidades públicas canarias necesitamos, de una vez por todas, un instrumento de financiación que nos permita planificar con serenidad a medio y largo plazo y, en consecuencia, ejercer nuestra autonomía con garantías. Necesitamos también unos consejos sociales que contribuyan a reforzar nuestra conexión con la sociedad, que visibilicen el valor de nuestra labor y acompañen el desarrollo de todo lo que aún podemos aportar. Ello, lógicamente, no es incompatible con la necesidad de rendir cuentas de lo que hacemos: no en vano, el Consejo Social es el órgano encargado de aprobar nuestros presupuestos y nuestras cuentas anuales.

Confiamos en que nuestros representantes parlamentarios puedan rectificar, al menos en parte, esta proposición de ley para que avance en la buena dirección, no sólo por el bien de las dos universidades públicas a las que representamos, sino por el interés general de Canarias. Esta propuesta legislativa, tal y como está redactada, se desliza por la peligrosa pendiente de la erosión de la autonomía universitaria, al transferir a los Consejos Sociales competencias que hasta ahora correspondían a otros órganos universitarios. Por todo ello, esta no es una reforma

orientada a fortalecer el sistema universitario, sino una amenaza directa a su equilibrio institucional y a su independencia.