Dependencia duplica la media de resoluciones en los primeros seis meses de 2021 en Canarias
Se fija el reto de reducir los 927 días de espera para tramitar los expedientes y dar respuesta a las quejas del Diputado del Común
LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ
Las Palmas de Gran canaria.
Domingo, 27 de junio 2021
La falta de recursos, tanto económicos como personales, han colocado el sistema de dependencia en Canarias como uno de los «peores» de España. Lo denunciaba esta semana, de nuevo, el Diputado del Común Rafael Yánez, en su comparecencia ante el Parlamento. De hecho, la institución anunció que iba a realizar «un informe extraordinario» sobre la «inaceptable» y «alarmante» situación de la dependencia en Canarias, la peor de España y el área del que más se queja la ciudadanía, informó Efe.
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En los primeros seis meses del año, sin embargo, parece que la situación comienza a cambiar. Así lo explica el director general de dependencia, Miguel Montero, quien destaca que la media de resoluciones -incluyendo revisión de expedientes y nuevas valoraciones- casi ha duplicado la media en 2021 con respecto a los cuatro años anteriores. Así, al comparar los primeros cinco meses del año, en 2021 de media se resuelven 467 expedientes frente a los 258 de 2020 -hay que tener en cuenta la pandemia-, los 290 de 2019 o los 238 de 2018.
LAS CLAVES
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Personal. La incorporación de más personal al servicio, hasta 86, han agilizado las valoraciones.
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467. Hasta mayo la media de resoluciones se situaba en 467. El año anterior eran 258 y en 2019 solo 290.
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Revisiones. No todos los expedientes son nuevos, frente a los 494 presentados, 226 hasta mayo eran revisiones de grado.
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Tiempo de espera. La incorporación de 5.000 expedientes en 2020 al sistema lastró la media de respuesta a 927 días.
Yánez puso énfasis en que en cada informe los días de espera han ido aumentando. Así, en 2018 eran 520, en 2019, el plazo era aún más «inaceptable», de 720 días, y que en 2020 va ya por 927 días.
En este sentido Montero recuerda que había más de 5.000 expedientes sin incorporar al sistema cuando llegaron a la dirección general. Hoy ya están todos incorporados, sin embargo, esos 5.228 expedientes tenían ya al menos 400 días de retraso -hay que tener en cuenta que la ley fija un plazo de seis meses para contestar, es decir, 180 días-. «Había 50.000 expedientes en el sistema, si metemos esos 5.228 arrastra la media», dice Montero.
El director general de Dependencia reconoce el «retraso histórico» que lleva el sistema. «Ahora estamos con resoluciones de éxitus, de fallecimiento de solicitantes del año 2018. Esto es difícil de explicar», señala, pero «esa persona, esa familia tiene derecho a que se cierre su expediente incluso a efectos de si quiere ir al juzgado. Pero durante muchos años no se hizo, se dejó arrimado».
Igualmente, tampoco se contestaba a los recursos de alzada. «Había expedientes de 2013», admite Montero. «Son tareas relegadas históricamente que no se había hecho», pero «hay que reordenar el sistema», abunda.
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La plantilla de la dirección general se acaba de reforzar, también en las áreas de atención temprana -Montero anuncia la apertura de tres nuevas unidades en las islas en los próximos meses-, y en Discapacidad, otra de las áreas en las que los expedientes se eternizaban en la administración. Especialmente importante ha sido la incorporación de plantilla a lo que llaman las «piadoras», es decir, las personas que elaboran el plan de atención individualizada (PIA), que es la concreción del derecho reconocido por la ley a la persona dependiente.
9,2 millones más
Montero destaca la buena noticia de que este año el Estado aportará 9,2 millones más de euros al sistema de dependencia canario, lo que lo acercará al objetivo de cumplir el 50% de la aportación -el resto lo debe poner la comunidad-. En la comparativa entre mayo de 2020 y mayo de 2021 Dependencia ha dado respuesta a 1,473 solicitudes más también ha elaborado 519 resoluciones más que el año anterior en el mismo período y hay 427 personas más con derecho reconocido y casi 600 beneficiarios más. Aun así, aún quedan 7.934 personas con derecho a una ayuda reconocida, pero sin el PIA, por lo que no la reciben, es el llamado «limbo» de la dependencia, solo 170 menos que hace un año.
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Montero lamenta que los grandes ayuntamientos no hagan informes sociales para agilizar expedientes
Uno de los principales «retos» del sistema de dependencia en Canarias es agilizar los tramites a través de los informes sociales que emitan los ayuntamientos. Así lo explica el director general del servicio, Miguel Montero, quien, sin embargo, la menta que especialmente las entidades locales, las dos capitalinas, se nieguen a colaborar. «La sensación es que este año va a ser bueno para la Dependencia en Canarias. El principal reto es que los ayuntamientos no quieren hacer el informe social. Hemos hablado con la Fecam en noviembre y en diciembre y no obteníamos respuesta. Por eso mandamos una carta a los ayuntamientos, por si no les había llegado la información», explica Montero.
La cuestión es que algunos ayuntamientos «dicen que no pueden. Los de zonas turísticas señalan que antes tenían recursos, pero que, ras la pandemia, tienen un aluvión de solicitantes de ayudas sociales, de gente que no era usuaria de estas prestaciones», admite.
Ahora bien, añade, aunque «las casuísticas son muy diferentes» Montero lamenta que las grandes urbes canarias, en especial Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, tampoco colaboren.
«También nos dicen que no es posible meterse a hacer los informes sociales. Pero si La Laguna o Arona pueden, deben poder también Telde, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria».
Con la ayuda de los ayuntamientos, elaborando el primer informe social, la tramitación de los expedientes de dependencia iría más rápida, aunque tanto la resolución como el plan individualizado de atención quedarían en manos de Dependencia. «Tienen que entender que esto beneficia a los vecinos y vecinas de ese municipio», abunda Montero.
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