Pestana 'vende' los millones del Estado como signo del compromiso con Canarias

El balance general de la Delegación del Gobierno con respecto a los compromisos cumplidos con Canarias durante el primer semestre del año es positivo. Así lo afirmó Anselmo Pestana en rueda de prensa para presentar el informe de rendición de cuentas con unos datos que, a su criterio, «demuestran el gran esfuerzo del Gobierno durante la crisis y que se puede afrontar de otra manera: protegiendo a los más vulnerables y con un mayor acercamiento en los territorios». Sin embargo, el Estado aún tiene deudas pendientes con el archipiélago, como la adenda del convenio de carreteras o el traspaso de las competencias en costas.

En general, el Ejecutivo ha cumplido con un tercio de los compromisos tras dos años de legislatura, y en este contexto, el delegado desgranó las inversiones como símbolo del compromiso con el escudo social y la economía canarias, que han recibido la autorización de 2.687 millones de euros para endeudamiento, a los que se suman los 150 millones del nuevo compartimento de los fondos REACT-UE.

Pestana destacó como una de las líneas prioritarias para el Gobierno la activación de las políticas activas para la formación y el empleo, para las que se han desplegado más de 130 millones. Entre estas medidas destacan los 42 millones comprometidos para el nuevo convenio del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), los casi 40 millones para la Formación Profesional a través de políticas dirigidas prioritariamente a desempleados, o los 37 millones para el eje de oportunidad de empleo que impulsan programas como las escuela taller o los talleres de empleo.

También han supuesto un importante revulsivo para la economía canaria las ayudas directas a autónomos y empresas más afectadas por la crisis por valor de 1.144 millones, de las que se han beneficiado 26.000 en la primera línea de su distribución. A ello se suman las 1.175 empresas en Canarias que han obtenido avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de cerca de 250 millones en este año.

Paralelamente a estas políticas se ha hecho una fuerte inversión en prestaciones extraordinarias para los trabajadores como los 404 millones de los ERTE, que si bien las personas afectadas a finales de julio se habían reducido un 30,5% respecto al mes anterior (cerca de 50.000), Canarias sigue siendo una de las comunidades más afectadas del país.

Por otro lado, el delegado del Gobierno puso en valor el incremento de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que ya son más de 33.000 personas en las islas de los que un tercio son menores. En materia de cuidados y dependencia, se han comprometido 43,2 millones y en concreto para la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, Canarias ha recibido 8 millones. Entre otras partidas, Pestana también resaltó los 19,7 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para subvenciones para ayudas al alquiler de colectivos vulnerables, incrementar el parque público de vivienda y fomentar la rehabilitación.

El delegado del Gobierno considera que la inversión del Ejecutivo de Sánchez ha servido para mejorar el funcionamiento de los centros para inmigrantes, con la consecuencia de que estos «ya no sean noticia», a pesar del repunte de un 159% en las llegadas este año.

En total, desde finales de 2020 Canarias ha recibido 12 millones de euros para infraestructuras, incluyendo el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, a lo que se suman otros 50 millones para el funcionamiento de los centros. Una actividad que varias ONG, sin embargo, cuestionan, ya que atribuyen la falta de conflictos al descenso de la presión en los campamentos pero no a «mejoras reales».

Por otro lado, Anselmo Pestana se ha referido al reparto de los menores extranjeros no acompañados cuya tutela ejerce el Gobierno regional. En este sentido, llamó a la corresponsabilidad del resto de comunidades, ya que considera injusto que el peso recaiga en las zonas fronterizas, como Canarias o Andalucía. «Tenemos que ser todos quienes respondamos ante ese reto —añadió—. Mucho se habla de Europa pero todavía falta solidaridad entre las comunidades del país». A pesar de destacar el esfuerzo del Estado, reconoció que se ha conseguido poco.

Con estas declaraciones se sumó a la reiterada petición del presidente Ángel Víctor Torres y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, para realizar un reparto de menores por ley. «A lo mejor se tiene que establecer en la normativa básica estatal un criterio casi automático», señaló.

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