El Pacto de la Recuperación despegará este año con los fondos extraordinarios

Una guía para evitar que la pandemia derribe los cimientos del bienestar». Así definió el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, el Pacto por la Reactivación Económica y Social de Canarias firmado hace un año. Contó con un respaldo pocas veces visto en las islas debido a las especiales circunstancias generadas por la pandemia, que propiciaron que más del 80% del Parlamento -no lo suscribieron ni PP ni Ciudadanos-, cabildos, ayuntamientos, organizaciones empresariales, sindicatos y entidades y colectivos del tercer sector respaldaran el documento sellado el Día de Canarias.

Un año después, y a pesar de los «claroscuros» que se han evidenciado, el Pacto de Reactivación sigue contando con un amplio consenso entre los agentes económicos y sociales como «la herramienta más útil» para la reactivación de la economía y la protección social, como señala el líder de CC OO, Inocencio González.

Para hacer frente no solo a la crisis sanitaria, sino a sus consecuencias económicas y sociales -especialmente fuertes en el archipiélago por su dependencia de la conectividad y del turismo-, el proceso de reactivación definido en el Pacto y materializado meses después en el Plan Reactiva se planteó con siete ejes en torno al refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias; atender a los más vulnerables; impulsar la economía y recuperar el empleo; agilizar y simplificar los trámites administrativos, y avanzar en los objetivos desarrollo sostenible.

El camino en este tiempo ha sido desigual, y si bien hay líneas en las que se ha avanzado respecto a las propuestas iniciales, en otras apenas se ha empezado a andar, en parte porque los recursos extraordinarios empezarán a llegar este año, tanto de la Unión Europea como del Estado, a través de los los fondos React-EU y del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, además de los 1.144 millones para ayudas directas a las empresas.

Para el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, el valor del documento radica en el consenso concitado porque «estamos sentando las bases de la recuperación y eso precisa de mucha estabilidad». Aunque es pronto para ver resultados, dice, confía en que se «concreten las buenas intenciones» porque será necesario para reactivar la economía y generar empleo.

También es optimista el secretario general de UGT, Manuel Navarro, quien espera que el Gobierno lleve a buen puerto las medidas del Plan. «Lo que se ha podido hacer se ha hecho», asegura, y subraya el apoyo a las pymes como una de las bases para la reactivación, aunque también ve dificultades en materia social, que achaca sobre todo al déficit de personal.

El dirigente de CC OO, Inocencio González, ve «certezas y dudas» al analizar el plan». Aún así, lo considera el «instrumento principal» para la recuperación porque cuenta con ficha financiera y valora que, al tener que alinear sus propuestas a las prioridades de la UE, obligará a diversificar el tejido productivo canario. En cuanto a su desarrollo, echa en falta información y transparencia por parte del Gobierno. «Es la asignatura pendiente». Destaca sobre todo el cumplimiento de las líneas sanitarias y sociosanitarias pero critica la poca respuesta en políticas sociales.

Sindicatos, empresarios y representantes de la oposición han mostrado su preocupación por las dificultades que pueden surgir para gestionar el importante volumen de recursos que va a recibir Canarias y que deben someterse a exigencias de criterios y plazos para su ejecución. Esta preocupación ha sido también expresada por el propio consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez. Especialmente para tramitar los 1.144 millones de ayudas directas a las empresas, que deben ser gastados antes de fin de año o han de devolverse al Estado.

En este sentido, el secretario general de CC OO, Inocencio González, considera que sería «imperdonable» tener que devolver ni un solo euro de este dinero y apunta que hay que poner el 100% de los recursos a disposición del objetivo de ejecutar esta partida. En términos similares se expresa el máximo responsable de UGT, Manuel Navarro. A su juicio, «sería una vergüenza y demostraría que no se ha aprendido nada y que no habremos mostrado ni creatividad ni coraje» si no se distribuye todo este dinero entre las empresas.

Por su parte, el dirigente empresarial Manrique de Lara advierte de que puede haber problemas para ejecutar los 1.144 millones, pero señala que no solo se trata de paliar el daño sufrido hasta ahora por el tejido empresarial, sino facilitar el camino que tiene por delante. Cita como ejemplo el decreto de simplificación administrativa, «que no cuesta dinero y en el que hay que ir de la mano para garantizar seguridad jurídica y estabilidad».