La ley del alquiler vacacional llega al Parlamento sin el respaldo unánime de ninguna formación

Ni CC, ni ASG ni AHI -sostenes del actual Gobierno de Canarias- y mucho menos los diputados del PSOE, NC o Vox -en la oposición- respaldan de forma unánime la norma de la ley de la vivienda vacacional que entró en el Parlamento de Canarias el pasado 26 de diciembre para su tramitación y que hoy será objeto de un acto oficial de entrega por parte de la consejera de Turismo, Jéssica de León, a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez.

Aunque todas las formaciones políticas en Canarias están de acuerdo que hay que regular a los pisos turísticos, el texto que inicia su tramitación «no cuenta con el respaldo unánime de ninguna formación» a fecha de hoy, según indica la diputada de ASG, Melodie Mendoza. Fuentes próximas aseguran que incluso hay discrepancias entre los diputados del PP, formación que ha llevado el peso de esta controvertida norma que también es apoyada por la Fecam ni la Fecai. Si bien es cierto que la mayoría de los proyectos de ley que llegan al Parlamento no cuentan con el respaldo de todas las formaciones, algo que se suele subsanar en el trámite de enmiendas, al menos sí tiene el apoyo de las formaciones que integran el Gobierno de Canarias; algo que no ocurre con este texto.

Los 'peros' que plantean los diputados de las formaciones claves del Gobierno, como CC y ASG, tienen su origen en la desigual realidad de cada una de las islas, que reclaman mayor autonomía para implementar la futura norma y ajustarla a la situación de cada municipio. «La norma empezó de una forma y se ha ido transformando y no refleja la realidad de la situación de las islas», aseguran fuentes nacionalistas de la isla de Fuerteventura. El sentir se comparte en CC de Lanzarote, que apuntan que no es comparable la situación de Playa Honda o La Oliva con San Bartolomé o Pájara. «La ley hoy no regula las diferencias entre los municipios de forma detallada», indican estas fuentes, que aseguran que «hay muchas cosas que arreglar» para que la ley cuente con el consenso necesario para salir adelante.

El diputado de AHI, Rául Acosta, comparte esta impresión. Como señala, hay muchos aspectos de la norma por limar y va a hacer falta tiempo para que se llegue a consenso. Como apunta de forma muy gráfica para expresar el 'sinsentido' de esta norma, «esta ley consigue contentar al mismo tiempo a los sectores de la izquierda y a los grandes empresarios hoteleros». «Y mira que es difícil», agrega.

Entre otras cosas los cabildos de todos los colores políticos reclaman que sean ellos los que marquen, al amparo de esta norma, el modelo a aplicar en cada isla, así como el control en el número y en la calidad de las viviendas vacacionales. «Debe haber más autonomía a los gobiernos insulares para tomar decisiones en su modelo», indican fuentes de los nacionalistas.

Los cabildos van a plantear hoy sus demandas a la norma en la comisión que celebrarán en el seno del Parlamento de Canarias. «Hay 'peros' y mañana (por hoy) se verán las diferencias entre las islas y que queremos que se plasmen en la norma pero hoy, como entra, no tiene el 100% de apoyo», manifiesta la diputada de ASG, Melodie Mendoza, que confía que en el trámite parlamentario y con las aportaciones de los distintos grupos y cabildos saldrá una norma adaptada a las ocho islas «con matices y diferencias».

La Federación de Municipios de Canarias (Fecam) también está en desacuerdo con la norma, ya que deja en manos de los ayuntamientos amplias labores de inspección y verificación sin tener medios. En este sentido, la diputada de ASG que es necesario «debatir» posibles soluciones. «A lo mejor en islas grandes, con municipios inmensos los ayuntamientos tienen capacidad para hacerse cargo de los trámites pero en islas pequeñas puede tener sentido que la competencia la tengan los cabildos», manifiesta.

Fuentes nacionalistas critican además que desde Turismo no se impusiera «un parón» desde el primer momento en el que empezó a hablarse de la norma para evitar el aluvión de solicitudes que se han producido. «¿Ahora qué hacemos con esas peticiones? ¿Se pueden anular o hay que indemnizar?» se preguntan estas fuentes. Solo entre agosto de 2023 y hasta febrero de este año, en 17 meses, el número de establecimientos de vivienda vacacional han crecido casi un 35%, pasando de los 48.451 establecimientos de 2023 a 65.265 a principios de este mes. Actualmente hay en Canarias 643.056 plazas alojativas de las que 371.379 son hoteles y apartamentos y 271.677 son pisos turísticos.

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias comienza el año, a la espera de la aprobación de la ley de la vivienda vacacional, con la puesta en marcha de tres herramientas dirigidas a cercenar la oferta ilegal de pisos turísticos y controlarla.

Según informó ayer el Gobierno de Canarias, en primer lugar el Ejecutivo ha cerrado un acuerdo con Booking por el que la plataforma ha puesto a disposición de la Consejería su 'Portal de Autoridades' al que pueden acceder tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las instituciones públicas para detectar oferta ilegal. A continuación, Booking la retirará de su web.

En las últimas semanas el equipo de inspectores de Turismo y miembros de la policía canaria, cuya colaboración se protocolarizará en breve, recibieron una formación online por parte de Booking para poder acceder a este Portal de Autoridades y comunicar a la comercializadora aquellas unidades alojativas que estuvieran incumpliendo la normativa autonómica.

En la misma línea también se están llevando a cabo contactos con otros proveedores digitales, como la plataforma Airbnb. Además, Grafcan, responsable de la divulgación de la información geográfica y territorial de Canarias, ha añadido, a petición de Turismo, una capa en su visor destinada a todas las actividades turísticas del archipiélago, incluidas las viviendas vacacionales, para saber no solo dónde se ubican, sino además la clasificación y categoría del suelo que ocupan y, por tanto, ampliar así el control a otros organismos competentes.

Por último, el Ejecutivo prevé establecer un acuerdo con los registradores de la propiedad, que tienen la consideración de funcionarios públicos, para ahondar en la inspección.

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