Los interinos reactivan la huelga tras negociar en contra de unos servicios mínimos «abusivos»

La Consejería de Administraciones Públicas cree que la incidencia será baja, atendiendo a los datos del año pasado

Los interinos comenzaron las protestas en enero del año pasado. En la imagen, una de ellas frente a Presidencia del Gobierno / ARCADIO SUÁREZ
INGRID ORTIZ VIERA

Los empleados temporales de la comunidad autónoma celebran hoy su primer día de protestas tras la ampliación de una huelga que ya se ha prolongado más de un año. Los sindicatos convocantes -Sepca, Intersindical Canarias y Cobas- afrontan el nuevo calendario con lo que creen que será otro impulso a la presión ejercida sobre el Gobierno de Canarias para poner solución al fraude de ley y aseguran que a pesar del «pequeño bajón» tras el verano, esperan una gran participación. Desde el comité apuntan que el seguimiento de la anterior convocatoria de enero de 2021 alcanzó el 90%, lo que «obligó a la Consejería de Administraciones Públicas a tomar cartas en el asunto».

Sin embargo, las cifras que maneja la dirección general apenas llegaban al 4%, por lo que insisten en que la incidencia fue baja y repercutió sobre todo en las áreas más afectadas por los procesos de consolidación y estabilización: Educación y Derechos Sociales. Un escenario que prevén se repita esta convocatoria.

En este marco se ha negociado la prestación de servicios mínimos que deberá garantizar la comunidad autónoma y que tampoco ha estado exenta de conflicto. El secretario general de Intersindical Canaria, Rafael Rodríguez, presente en la reunión, criticó la «mala fe» del Gobierno, que pretendía imponer unos servicios esenciales «abusivos».

Concretamente, se refirió a tres áreas en las que hubo que buscar consenso. Al inicio, el Gobierno planteó mantener al 50% de la plantilla en Dependencia alegando que la huelga afectaría a la lista de espera, que acumula 10.000 personas, pero ante la negativa de los sindicatos bajaron la propuesta al 10%. A juicio de Rodríguez, pretendían que la responsabilidad de la mala gestión recayera en los empleados públicos que, «precisamente, lo que reivindican es solucionar esa situación precaria en los servicios públicos de Canarias». Además, argumenta, no ve la necesidad de establecer unos porcentajes tan elevados teniendo en cuenta que la actual convocatoria se ha reducido a dos horas y media de paro una vez al mes entre enero y marzo y otros tres días paro completo entre abril y junio.

«La ley es clara: los servicios mínimos son los que responden a emergencias, no a necesidades, y por supuesto no la hay ningún tipo en este caso», sentencia.

LOS MÁS AFECTADOS

  • Dependencia No se había establecido los mínimos tras dos avisos de huelga y los sindicatos critican que un elevado porcentaje quiera subsanar la «mala gestión».

  • ICHH Junto al SCE, fueron los otros dos puntos calientes de la negociación, ya que el comité consideró excesivo mantener a la mitad del personal.

  • Educación La Consejería cree que la incidencia, siendo baja, repercutirá en los sectores más afectados por la temporalidad, que afirma ser Educación y Derechos Sociales.

El mismo escenario se reprodujo con respecto al Servicio Canario de Empleo -donde después de algunas consideraciones se pudo llegar a un acuerdo- y al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). Los sindicatos se negaron a aceptar como excusa para mantener a la mitad del personal el déficit de sangre que sufre la entidad desde hace más de diez años. Argumentan que, al pertenecer al ámbito administrativo y no sanitario, los inconvenientes se podrían solucionar simplemente modificando las citas de los donantes.

Resalta el secretario de Intersindical que otro de los ejemplos de la «mala fe» del Gobierno tuvo lugar en medio de un discenso en la negociación, cuando un encargado de la gestión de personal envió una carta por correo electrónico a los trabajadores del ICHH afirmando que se había llegado a un acuerdo con el comité de huelga y que, por tanto, los servicios mínimos planteados al inicio (50%) se daban por válidos. «Eso no solo refleja incompetencia sino falsedad», critica.

El comité de huelga considera que la Administración, que ya se mostró con «prepotencia» durante el acercamiento del pasado año, no preveía la repercusión que hubo y por ello «ahora han venido con las escopetas cargadas». Sin embargo, los sindicatos no están dispuestos a ceder.

Las relaciones entre el comité y Función Pública siguen rotas

El comité de huelga niega que haya habido acercamientos con la dirección general de Función Pública, a pesar de que esta manifestó en diciembre su intención de retomar las negociaciones cuando dio respuesta por escrito a la propuesta jurídica de los sindicatos para solucionar el problema de la temporalidad. «Están absolutamente rotas», apunta Rafael Rodríguez desde Intersindical Canarias. «Lanzan ese tipo de mensajes cuando les damos palos con las movilizaciones, pero luego solo nos convocan para decirnos disparates».

En este sentido, critica que el gobierno no haya vuelto a convocar las mesas de trabajo previstas en pacto que se firmó el pasado abril esperando a que Madrid dictara la senda del acuerdo. «El compromiso es con los canarios y para los canarios», añade.

La posición de la Consejería de Administraciones Públicas es la de que la ley estatal ayudará a conseguir reducir el alto porcentaje de temporalidad y ve como el punto más controvertido establecer los méritos que se valorarán para conseguir plaza. Mientras, el comité insiste en que se trata de procesos de estabilización y que al ser de concurso abierto no garantizan la fijeza del personal que ya lleva más de tres años en sus puestos y que han pasado por un proceso selectivo.

Según el comité de huelga, el pacto se firmó con la voluntad de asegurar la fijeza a los afectados por el fraude de ley y su incumplimiento es lo que ha motivado, precisamente, la ampliación de la huelga. Es lo que también ha llevado a los empleados temporales de la comunidad autónoma a avanzar por la vía judicial. El comité asegura que Canarias tiene potestad organizativa para aplicar las directrices nacionales a la realidad del archipiélago, pero falta asumir ese liderazgo.

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Los empleados temporales de la comunidad autónoma celebran hoy su primer día de protestas tras la ampliación de una huelga que ya se ha prolongado más de un año. Los sindicatos convocantes -Sepca, Intersindical Canarias y Cobas- afrontan el nuevo calendario con lo que creen que será otro impulso a la presión ejercida sobre el Gobierno de Canarias para poner solución al fraude de ley y aseguran que a pesar del «pequeño bajón» tras el verano, esperan una gran participación. Desde el comité apuntan que el seguimiento de la anterior convocatoria de enero de 2021 alcanzó el 90%, lo que «obligó a la Consejería de Administraciones Públicas a tomar cartas en el asunto».

Sin embargo, las cifras que maneja la dirección general apenas llegaban al 4%, por lo que insisten en que la incidencia fue baja y repercutió sobre todo en las áreas más afectadas por los procesos de consolidación y estabilización: Educación y Derechos Sociales. Un escenario que prevén se repita esta convocatoria.

En este marco se ha negociado la prestación de servicios mínimos que deberá garantizar la comunidad autónoma y que tampoco ha estado exenta de conflicto. El secretario general de Intersindical Canaria, Rafael Rodríguez, presente en la reunión, criticó la «mala fe» del Gobierno, que pretendía imponer unos servicios esenciales «abusivos».

Concretamente, se refirió a tres áreas en las que hubo que buscar consenso. Al inicio, el Gobierno planteó mantener al 50% de la plantilla en Dependencia alegando que la huelga afectaría a la lista de espera, que acumula 10.000 personas, pero ante la negativa de los sindicatos bajaron la propuesta al 10%. A juicio de Rodríguez, pretendían que la responsabilidad de la mala gestión recayera en los empleados públicos que, «precisamente, lo que reivindican es solucionar esa situación precaria en los servicios públicos de Canarias». Además, argumenta, no ve la necesidad de establecer unos porcentajes tan elevados teniendo en cuenta que la actual convocatoria se ha reducido a dos horas y media de paro una vez al mes entre enero y marzo y otros tres días paro completo entre abril y junio.

«La ley es clara: los servicios mínimos son los que responden a emergencias, no a necesidades, y por supuesto no la hay ningún tipo en este caso», sentencia.

LOS MÁS AFECTADOS

  • Dependencia No se había establecido los mínimos tras dos avisos de huelga y los sindicatos critican que un elevado porcentaje quiera subsanar la «mala gestión».

  • ICHH Junto al SCE, fueron los otros dos puntos calientes de la negociación, ya que el comité consideró excesivo mantener a la mitad del personal.

  • Educación La Consejería cree que la incidencia, siendo baja, repercutirá en los sectores más afectados por la temporalidad, que afirma ser Educación y Derechos Sociales.

El mismo escenario se reprodujo con respecto al Servicio Canario de Empleo -donde después de algunas consideraciones se pudo llegar a un acuerdo- y al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). Los sindicatos se negaron a aceptar como excusa para mantener a la mitad del personal el déficit de sangre que sufre la entidad desde hace más de diez años. Argumentan que, al pertenecer al ámbito administrativo y no sanitario, los inconvenientes se podrían solucionar simplemente modificando las citas de los donantes.

Resalta el secretario de Intersindical que otro de los ejemplos de la «mala fe» del Gobierno tuvo lugar en medio de un discenso en la negociación, cuando un encargado de la gestión de personal envió una carta por correo electrónico a los trabajadores del ICHH afirmando que se había llegado a un acuerdo con el comité de huelga y que, por tanto, los servicios mínimos planteados al inicio (50%) se daban por válidos. «Eso no solo refleja incompetencia sino falsedad», critica.

El comité de huelga considera que la Administración, que ya se mostró con «prepotencia» durante el acercamiento del pasado año, no preveía la repercusión que hubo y por ello «ahora han venido con las escopetas cargadas». Sin embargo, los sindicatos no están dispuestos a ceder.

Las relaciones entre el comité y Función Pública siguen rotas

El comité de huelga niega que haya habido acercamientos con la dirección general de Función Pública, a pesar de que esta manifestó en diciembre su intención de retomar las negociaciones cuando dio respuesta por escrito a la propuesta jurídica de los sindicatos para solucionar el problema de la temporalidad. «Están absolutamente rotas», apunta Rafael Rodríguez desde Intersindical Canarias. «Lanzan ese tipo de mensajes cuando les damos palos con las movilizaciones, pero luego solo nos convocan para decirnos disparates».

En este sentido, critica que el gobierno no haya vuelto a convocar las mesas de trabajo previstas en pacto que se firmó el pasado abril esperando a que Madrid dictara la senda del acuerdo. «El compromiso es con los canarios y para los canarios», añade.

La posición de la Consejería de Administraciones Públicas es la de que la ley estatal ayudará a conseguir reducir el alto porcentaje de temporalidad y ve como el punto más controvertido establecer los méritos que se valorarán para conseguir plaza. Mientras, el comité insiste en que se trata de procesos de estabilización y que al ser de concurso abierto no garantizan la fijeza del personal que ya lleva más de tres años en sus puestos y que han pasado por un proceso selectivo.

Según el comité de huelga, el pacto se firmó con la voluntad de asegurar la fijeza a los afectados por el fraude de ley y su incumplimiento es lo que ha motivado, precisamente, la ampliación de la huelga. Es lo que también ha llevado a los empleados temporales de la comunidad autónoma a avanzar por la vía judicial. El comité asegura que Canarias tiene potestad organizativa para aplicar las directrices nacionales a la realidad del archipiélago, pero falta asumir ese liderazgo.

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