La Fiscalía Europea investiga las presuntas irregularidades en Agricultura
La diputada Vidina Espino ya preguntó al Gobierno sobre la denuncia de un funcionario
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 11 de abril 2023, 14:32
La denuncia de un funcionario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias sobre presuntas irregularidades en la gestión de ayudas agrícolas ha derivado en una investigación de la Fiscalía Europea, según avanzó el periódico digital 'Vozpopuli'.
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En concreto, se investiga si se ha cometido delito con unas subvenciones que otorgó el Gobierno canario a varios agricultores y que están cofinanciadas por la Unión Europea. La Fiscalía Europea abrió diligencias en 2022 a raíz de la denuncia de un funcionario de la Dirección General de Agricultura.
Se trata de Juan Carlos Fernández, funcionario adscrito, en calidad de técnico, al Servicio de Estructuras Agrarias en Las Palmas de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, que alertó por escrito en diciembre de 2020 a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, de presuntas irregularidades en la gestión de ayudas y expedientes sancionadores que, en su opinión, podrían entrar en el ámbito de lo delictivo.
En febrero, el citado funcionario se lo había comunicado a la secretaria general técnica, Bienvenida Reyes Ojeda, y al director general, José Basilio Pérez Rodríguez, alertando a ambos de que se trataba de «presuntas graves irregularidades a sabiendas».
El escrito enviado a la consejera fue desvelado por la diputada del Grupo Mixto Vidina Espino en el último pleno parlamentario de la legislatura. Espino preguntó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, si tenía conocimiento del escrito, que enmarco en el contexto del caso Mediador.
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En el escrito de diciembre de 2020, el funcionario detalla presuntas irregularidades que pasarían por certificar primas y pagar importes «a pesar de existir un informe negativo por parte mío como técnico de zona», con el consiguiente «pago de subvenciones». «En algunos expedientes», agrega el escrito, «se han realizado unas segundas inspecciones por personal laboral de la Consejería que no tienen poder vinculante».
También afirma que hay «peticionarios que han obtenido la adquisición de la condición de Explotación Agraria Prioritaria sin cumplir todos los requisitos para la misma».
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