El Estado elude por segunda vez dar cuenta a Canarias de su incumplimiento con los menores

El Gobierno de España ha aplazado en dos ocasiones la pregunta del senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que es el Estado el que debe atender a los menores migrantes solicitantes de asilo que han llegado al archipiélago. La última vez fue el pasado martes, donde el Ejecutivo tomó la decisión porque no estaba presente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Precisamente, San Ginés se queja de que el Estado podría haber designado a otro ministro para que respondiera a la pregunta en el Senado, como así sucedió con una cuestión dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, que respondió la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en sustitución.

Precisamente, el senador canario elevará un escrito de queja a la mesa del Senado para solicitar que la pregunta se incluya, «por tercera vez», en el orden del día de la sesión que se celebrará en la Cámara Alta el próximo martes. Además, en ella pedirá que, de no estar el ministro Torres, el titular de Interior, Migraciones o de Infancia responda en su lugar. «La razón por la que no dan explicaciones es porque son conscientes de que están vulnerando no solamente el derecho del menor, sino incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo en relación con los menores refugiados», opina San Ginés.

Cabe recordar que el TS ya ha emitido dos autos (uno en marzo y el más reciente la semana pasada) para reclamar al Estado que cumpla con su obligación de hacerse cargo de más de 1.200 menores migrantes solicitantes de asilo que tutela, en estos momentos, el Gobierno canario. En este último auto, la Sala insta al Gobierno central a darle cuenta cada 15 días de lo avances realizados para cumplir con la orden, y le advirtió de que, de no ser así, se pondrían sobre la mesa «medidas coercitivas», que incluyen multas y hasta una denuncia penal.

De hecho, el Estado ya se ha puesto en contacto con el Gobierno canario a través de una carta emitida por la Secretaría de Estado de Migraciones dirigida a la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado, para darle cumplimiento a lo dictado por el alto tribunal. Todo ello, después de que el Gobierno reconociera en una vista que no había acogido a ningún menor después de que el Supremo le hubiera dado 10 días para hacerlo en marzo.

Para el senador de Coalición Canaria, que esta comunicación «llegue en junio para comenzar las reuniones no deja de ser una burla». Sin embargo, espera que el Estado, a pesar de no haber «cumplido con su obligación de atender a los niños y niñas, sí atiendan a las medidas coercitivas del Supremo».

Además, opina que el Estado «no cumple» y se limita a «pedir solidaridad a las comunidades del Partido Popular». No obstante, reconoce que en los territorios gobernados por los de Génova no se está cumpliendo con esa solidaridad al no tener en cuenta el decreto ley que modifica la norma de extranjería y que hace obligatoria la distribución entre las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a territorios con su red de acogida saturada, como le sucede al archipiélago.

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