El Estado cuenta con Pozuelo para los menores, pero de Canarias «no ha salido ni un solo chico»

El reparto de menores migrantes no acompañados, previsto en la reforma de la Ley de Extranjería, sigue sin avances concretos. Por un lado, las comunidades autónomas gobernadas por el PP bloquean la aplicación del real decreto ley que regula la distribución. Por otro, aunque el Estado ya ha asumido a 946 niños, niñas y adolescentes que han solicitado asilo —119 más que la semana pasada—, «ninguno ha salido de Canarias», lamenta la directora regional de Infancia, Sandra Rodríguez.

A esta situación se suman los malentendidos. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, afirmó este martes, tras una reunión interadministrativa, que las 400 plazas prometidas en Pozuelo de Alarcón habían desaparecido y que solo quedaban disponibles 250 en el recurso de tránsito Canarias50. Este miércoles, el Estado ha respondido que no se ha retirado la propuesta de las plazas en Madrid y que además se están buscando otros emplazamientos en el territorio nacional.

Un día después de la comisión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia, Rodríguez fue contundente: «Todas las comunidades del PP, como era de esperar, se han opuesto tanto al acogimiento como a los datos de capacidad de ocupación ordinaria, a la distribución territorial y a la financiación. Es muy duro», afirmó.

En dicha reunión, el Gobierno central presentó la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma —basada en los picos máximos de menores atendidos— y propuso, en función de criterios como la población, un reparto de parte de los menores actualmente en Canarias. «Es muy duro ver cómo desde Canarias se hacen todos los esfuerzos para avanzar y ofrecer una mejor atención a los menores, y que, desde la corresponsabilidad y la equidad, que es lo que corresponde, recibamos una negativa tras otra», abundó Rodríguez.

La directora regional también lamentó que algunas comunidades aleguen que no pueden abrir nuevos centros o que los actuales acabarían saturados. «Dicen que donde tienen 20, tendrían que acoger 30 o 40, cuando aquí tenemos 15 dispositivos: uno de 416 plazas, tres de 300, uno de 200 y nueve de 100», detalló. «Nos dicen que no pueden planificar», añadió. «A nosotros nos tocaron a las puertas de nuestras costas los menores, y los acogimos hasta el punto de que recuerdo abrir un centro por la mañana y que esa misma noche ya estuviera ocupado y sobreocupado».

Rodríguez pide al Estado que declare una emergencia migratoria nacional, lo que facilitaría a las comunidades autónomas abrir nuevos centros si fuera necesario. Según la propuesta estatal, Canarias podría acoger como máximo a 2.211 menores no acompañados, el triple de su capacidad ordinaria (737 plazas). El resto de los niños, niñas y adolescentes deberían ser trasladados a otras regiones.

Respecto a los menores solicitantes de asilo, el Estado confirmó que la reunión de este martes sirvió para cerrar la lista de los primeros 250 que serán derivados al recurso Canarias50, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Además, como destacó Rodríguez, ya no son 827 sino 946 los menores reconocidos como solicitantes de asilo por parte del Estado.

Otro punto de fricción ha sido la financiación. Rodríguez denunció que las comunidades gobernadas por el PP impugnaron la partida de 100 millones de euros prevista por el Gobierno para el reparto, pese a que se trata de una cifra ampliable. «Esos 100 millones es lo que se ha puesto sobre la mesa y es lo que se ha repartido», explicó, lo que equivale a 145 euros por menor al día. Aunque entiende que las regiones pidan más, recordó que Canarias ha asumido en solitario la tutela de 5.600 menores extranjeros no acompañados.

Para que el reparto comience, es necesario que el Consejo de Ministros convalide los dos reales decretos leyes pendientes: el del protocolo de traslados y el de la capacidad ordinaria. Se espera que esto ocurra la próxima semana o la siguiente, aunque aún no hay fecha definitiva para la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia, prevista inicialmente para el 17 de julio. Rodríguez cree que, en el mejor de los casos, el reparto no comenzará hasta finales de septiembre o principios de octubre. «El reparto solidario no ha funcionado», lamenta, y el reparto tras el cambio legislativo «no avanza» al ritmo que necesitan las islas.

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