La división interna del PSOE retrasa la elección del senador

La incapacidad del PSOE de alcanzar un acuerdo sobre el candidato al Senado provocó ayer el aplazamiento de la reunión de la ejecutiva regional y retrasa la elección en el Parlamento de Canarias del tercer representante por la comunidad autónoma en la Cámara alta. De ese encuentro de la dirección socialista debía salir el nombre que hoy refrendaría el pleno del Parlamento, una votación «condicionada a la presentación de la correspondiente candidatura» y que, por tanto, queda pendiente.

Sobre las dos de la tarde de ayer, el secretario de Organización mandó una nota a los miembros de la dirección posponiendo la reunión que había convocado menos de 24 horas antes.

La imposibilidad de los miembros de la ejecutiva de desplazarse a Tenerife por las restricciones sanitarias -la presencialidad en el PSOE es imprescindible para votar- dejó el campo abierto para que los afines a Blas Acosta y a Santiago Pérez mantuvieran las espadas en alto y se prolongara otra jornada de presiones de uno y otro lado. Hasta el punto de que, según un diputado, «en este momento, sea cual sea la candidatura, nadie puede asegurar que los 25 parlamentarios del PSOE mantengan la disciplina de voto».

La designación de Santiago Pérez de manera unánime por la ejecutiva de Tenerife -y el apoyo del secretario general, Ángel Víctor Torres- estaba cerrada hasta la entrada en escena de Blas Acosta, que ha encontrado el respaldo de dirigentes de la provincia de Las Palmas, El Hierro y La Gomera.

Desde el partido en Tenerife se recordó ayer que Acosta está siendo investigado por los tribunales y su designación como senador vulnera el código ético del partido, un asunto que «la dirección debe aclarar antes de continuar adelante», indican estas fuentes. Además, consideran que retirar de esta carrera a Santiago Pérez sería ofrecer un mensaje de «debilidad» a Coalición Canaria, que ha intentado «torpedear» esta candidatura «desde todos los frentes».

Acosta -que sigue pendiente de la presentación de una censura que podría desalojarlo de la Presidencia del Cabildo- se enfrenta en este momento a peticiones de la Fiscalía que suman más de siete años de prisión por dos causas. A los tres años que se pedían por la concesión de una licencia ilegal en la localidad de La Pared (Pájara), se suma la petición de cuatro años y tres meses por el caso Gesturpa (Más información en la página 15).

Fuentes del PSOE apuntaban ayer como posible estrategia del dirigente majorero la de aforarse ante el Tribunal Supremo por la apertura de juicio oral por estas causas pendientes y a partir de ahí, «dimitir dentro de un tiempo».

En este clima de tensión entre los partidarios de los dos candidatos, tampoco ha sido posible encontrar un tercer nombre, una opción con la que Torres esperaba salvar este nuevo conflicto interno y a la que se han negado los secretarios insulares.