Cuatro bulos sobre la migración en Canarias

El artículo 14 de la ley de Extranjería recoge que para acceder al catálogo de prestaciones de la Seguridad Social y los servicios sociales es necesario tener una residencia legal. En ese caso, cualquier persona podría beneficiarse en las mismas condiciones que los españoles, por lo que no existe ningún tipo de privilegio o ayuda social dirigida a las personas extranjeras por el mero hecho de serlo. Otro asunto son los inmigrantes irregulares, que al llegar en unas condiciones de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos, se les proporciona atención humanitaria y, por tanto, tienen derecho a servicios y prestaciones sociales básicas dirigidas a toda la población con independencia de sus características sociales y demográficas. Estas se incluyen en un primer nivel de urgencia social y en el caso de Canarias, las competencias se dividen entre la comunidad autónoma, que custodia únicamente a los menores de edad no acompañados, y el Gobierno de España a través de la Dirección General Inclusión. El programa de atención humanitaria se implementa con medios propios, a través de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y mediante las entidades sociales sin ánimo de lucro especializadas, que son subvencionadas.

Varias estadísticas indican que los extranjeros acuden menos a las consultas médicas que los españoles. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud para 2017, estos representaron el 36,1% de las visitas, frente al 31,3% de los extranjeros en nuestro país. También consultan en un menor porcentaje al médico de cabecera, y en lo que respecta a urgencias encontramos la misma proporción, teniendo en cuenta que en el momento en el que se realizó esta encuesta era la única vía en la que los irregulares podían acceder al sistema de salud, antes de que en 2018 se les devolviera el derecho a la asistencia sanitaria. Además, la Sanidad también se financia por parte de los inmigrantes a través de los impuestos indirectos que pagan al consumir productos, ya que este servicio público, a diferencia de otros como la Seguridad Social o las pensiones, no se financia vía cotizaciones.

A esta situación se le añade el contexto excepcional de la pandemia, que sí ha colapsado de manera generalizada el sistema sanitario y en el que se ha dejado al margen a la población migrante. Diversas ONG han denunciado la falta de personal sanitario en los centros de acogida y su exclusión del plan de vacunación. Por su parte, el colectivo médico reivindica que una atención primaria adecuada evita gastos innecesarios, por lo que si las personas migrantes solo acuden al médico en situaciones de gravedad se incrementarán los costes.

El Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró en febrero que el clima de inseguridad que se respiraba en la calle no estaba justificado en los datos. De hecho, en los últimos cuatro años las infracciones penales registradas en las islas se sitúan entre las 84.000 y las 95.000 anuales, de las cuales solo 122 han sido cometidas por inmigrantes llegados en patera y, de estas, 60 se corresponden con delitos de falsedad documental. Entre el resto, 45 eran infracciones de cierta relevancia, aunque se relacionaban con agresiones entre los propios extranjeros, robos y hurtos. Respecto a los delitos sexuales, fueron registradas tres agresiones sexuales y dos delitos de abuso sexual, según confirmaron fuentes policiales al diario El País. Es más, durante 2020, en plena ola de pateras, las infracciones penales cometidas en Canarias ascendieron a un total de 84.289, lo que supone una caída del 11,9% respecto a 2019 y la menor tasa de criminalidad de los últimos cuatro años.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo, dirigido por Francisco Fernández Marugán, publicó un extenso anexo sobre la contribución de la migración a la economía española. Actualmente, los extranjeros representan el 17% de la población activa a pesar de no superar el 12% de la población total. Sin embargo, considera que la modificación de la Ley de Extranjería supondría un alivio a la crisis demográfica en España, cuya población se ve cada vez más envejecida. «Si se fueran mañana, el empleo caería a los 16,7 millones de ocupados, imposible de sostener por trabajadores españoles», indicó.