El comité de huelga de los interinos y el Gobierno retoman el diálogo con propuestas

La reunión mantenida entre los responsables de la Administración y el comité de huelga del personal público afectado por el fraude de ley durante el pasado viernes fue «tensa». Las posturas de uno y otro bando llevan meses sin llegar a un punto intermedio y como consecuencia el diálogo permanecía congelado. Sin embargo, tras la última convocatoria por parte del Gobierno de Canarias, los temporales quieren ver un avance en tanto que se hablaron de propuestas concretas para garantizar la permanencia.

Se trata de una percepción «optimista», apuntan desde el comité, pero teniendo en cuenta los antecedentes de «incumplimiento del acuerdo», han pedido a la dirección general de Función Pública que traslade dichas medidas por escrito en una próxima reunión que, previsiblemente, se celebrará esta semana.

El principal punto de conflicto parte de que el Gobierno de Canarias defiende seguir las líneas de la norma estatal, que establece dos procedimientos abiertos para prevenir la temporalidad: un concurso de méritos para las personas que lleven ocupando plazas estructurales durante más de cinco años y un concurso oposición a partir de los tres años.

En cambio, el comité defiende que esto no garantiza los derechos de los trabajadores y que va en contra del Supremo, que reconoce el fraude de ley a partir de los tres años. «Para empezar, el planteamiento ya es arbitrario, discriminatorio e ilegal» explica Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria y portavoz del comité. «Si se quieren acoger a la ley básica y quedar bien con Madrid, bien, pero no tienen que garantizar de alguna manera que esas personas pueden quedarse en sus puestos de trabajo sin que haya otra opción».

El reto de la Administración canaria es, precisamente, concretar criterios para dar esas garantías dentro de la generalidad de la nueva ley. Una tarea «nada fácil», apunta Cívicos: «Queremos entender que nos han lanzado un guante, pero necesitamos tener las propuestas escritas para que no haya malentendidos sobre lo que se plantea».

Por otro lado, también han solicitado a la dirección general el listado de personas -que no plazas- que se encuentran en abuso, ya que los datos que manejan los sindicatos (unas 4.000) se remontan a 2014. La elaboración de un catálogo actualizado es tarea de una de las mesas de trabajo, paralizada también ante la «falta de voluntad política», ya que insisten en que no se les han facilitado nunca la información.

«Todo esto es de una irresponsabilidad bestial que, además, cuesta dinero -insiste Cívicos-. La Administración no tiene capacidad para organizar procesos para 4.000 personas con los plazos del Estado y, encima, ¿se va a prescindir de personal cualificado cuando hay un montón de fondos europeos que hay que gestionar? No se entiende».

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