Clavijo busca un «frente común» en las islas contra la financiación singular a Cataluña

El Gobierno de Canarias continúa trabajando para garantizar un marco financiero estable que permita afrontar los retos económicos y sociales de las islas. En este contexto, celebrará el próximo martes, 2 de septiembre, un encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias con el objetivo de buscar un frente común en defensa de una financiación autonómica equitativa y solidaria para todas las comunidades del Estado.

Canarias, que se ha posicionado en contra de una financiación singular para Cataluña, pretende con esta iniciativa unir a todos los grupos parlamentarios en la cámara regional en su reclamación por recursos que tengan en cuenta a cada autonomía de manera equilibrada, evitando privilegios para alguna región sobre el resto.

Según señaló el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, la concesión de un trato singular a una comunidad podría generar un riesgo que rompa el carácter colectivo del sistema de financiación autonómica. El objetivo de esta reunión será alejar la crispación política y garantizar que todos los portavoces parlamentarios reciban información directa y detallada sobre los asuntos prioritarios que afectan al archipiélago.

El Consejo de Gobierno celebrado en el día de ayer se centró en la preparación del próximo presupuesto autonómico de 2026. La incertidumbre sobre las aportaciones del Estado y de la Unión Europea sigue condicionando la planificación económica y la capacidad del Gobierno para ejecutar políticas públicas. Entre las partidas pendientes de recibir, el Ejecutivo reclama 200 millones de euros para continuar con la reconstrucción de La Palma, un fondo clave para garantizar que las obras y ayudas a los afectados no se detengan.

La incertidumbre sobre las aportaciones del Estado y de la Unión Europea sigue condicionando la planificación económica y la capacidad del Gobierno para ejecutar políticas públicas. Por ello, la reunión del 2 de septiembre se perfila como un momento clave para clarificar compromisos financieros, especialmente en relación con la Agenda Canaria, las emergencias en curso, la reconstrucción de La Palma y los planes de vivienda.

Además, el Ejecutivo subraya que no se trata únicamente de cuadrar cifras, sino de garantizar la continuidad de proyectos estratégicos e inversiones esenciales que dependen de un flujo seguro de fondos. La certeza sobre la financiación estatal y europea será fundamental para asegurar la ejecución de programas de empleo, educación, vivienda, salud y servicios básicos, consolidando así la gobernabilidad y la calidad de vida en Canarias.

El Ejecutivo regional destacó que ya se han abonado todas las viviendas habituales perdidas en la erupción de 2021, tras la firma en julio de la última orden de pago. En total, 1.415 familias han recibido compensaciones.

La consejera Nieves Lady Barreto señaló que el compromiso del Gobierno es devolver los 600 millones de euros que se valoraron como pérdidas privadas en la isla. El proceso continuará a partir de septiembre con la valoración de 545 segundas residencias y edificaciones agrarias, con vistas a un tercer plan de pagos en 2026.

Además, Canarias seguirá reclamando al Gobierno de España que aporte los 100 millones correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025 para poder abonar las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava.

Además, se ha iniciado la retirada de casas prefabricadas y contenedores, tras garantizar alternativas habitacionales a sus ocupantes. El Cabildo de La Palma y los ayuntamientos han recibido ya 56,5 millones de euros para la compra de inmuebles y la promoción de vivienda para los damnificados.

El Gobierno trasladará «en semanas» al Estado un borrador del Decreto Ley Canario, propuesto por Fernando Clavijo y confirmado por el portavoz Alfonso Cabello tras el Consejo de Gobierno. El objetivo es agilizar el cumplimiento de la Agenda Canaria y evitar retrasos en compromisos ya adquiridos

El texto recogerá asuntos como el convenio de obras hidráulicas, las ayudas para la construcción de La Palma, los fondos del POSEI, mas recursos para la vivienda y el refuerzo de las políticas de empleo. «Queremos un decreto claro con los temas prioritarios para Canarias, y que cada partido se retrate con su voto», señaló Cabello.

Desde el Ejecutivo se insiste en que no se trata de abrir nuevas negociaciones, sino de dar cauce inmediato a acuerdos ya firmados que llevan meses pendientes de ejecución.La idea es que, al concentrarse en un único texto, los compromisos con Canarias no se vean atrapados en la dinámica parlamentaria estatal.

Cabello advirtió de que el decreto servirá también para visualizar apoyos y las resistencias en torno a las demandas canarias. «Se verá quién cumple con las islas y quién prefiere mirar hacia otro lado», apuntó. Y ahí, que cada uno se moje y se vea quiénes están con Canarias y quiénes no», subrayó Cabello.

Por último, se espera que al someter los asuntos prioritarios a un texto único y concreto, se espera que quede claro qué fuerzas políticas apoyan la agenda de Canarias y cuáles no, marcando un precedente en la forma de canalizar las prioridades del archipiélago a nivel estatal.

Esto lo convierte en una herramienta clave para que Canarias pueda cumplir sus objetivos sin depender de los retrasos burocráticos de otras administraciones.

El Gobierno de Canarias afronta un otoño cargado de retos. Según Cabello, «ahora el mayor desafío es que el Estado y la Unión Europea acompañen en esta recuperación».

1 Aprobación de los presupuestos de 2026. El Ejecutivo trabaja con un techo de gasto de 12.143 millones, pero relama al Estado que despeje las incógnitas sobre las transferencias para garantizar la estabilidad financiera.

2 Defensa de la solidaridad territorial. El Gobierno rechaza una financiación singular para Cataluña y exige igualdad entre comunidades para evitar una fractura autonómica.

3 Impulso a la política de vivienda. Se pondrá en marcha el Plan 2026-2029, dotado con 2.000 millones de euros, y se aprobará la nueva ley de alquiler vacacional.

4 Blindaje del estatus RUP en la UE. Canarias reclama mantener el control directo de los fondos europeos, evitando recortes o cambios en la gestión de las regiones ultra periféricas.

5 Gestión de emergencias vigentes. El archipiélago afronta crisis hídrica, energética, tecnológica y migratoria. En este caso, se exige al Estado cumplir la sentencia del Supremo y activar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir a los más de 5.000 menores no acompañados que tutela.

6 Fortalecimiento del sector primario y turístico. Se priorizará la protección del sector agrícola y pesquero, así como la regulación y promoción de un turismo sostenible que refuerce la economía local sin comprometer los recursos naturales.

7 Digitalización y modernización de la administración pública. Se impulsarán proyectos para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, reforzar la seguridad informática y garantizar la continuidad de la administración ante emergencias tecnológicas o sanitarias

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