Canarias recaudará 34 millones por la nueva tasa sobre los residuos

El Gobierno de Canarias prevé recaudar unos 34 millones de euros con el nuevo impuesto recogido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, una tasa que el Gobierno de España ha cedido a las comunidades autónomas para su recaudación y gestión.

El objetivo de esta norma es desincentivar el traslado de basura a los complejos ambientales para avanzar en economía circular y fomentar el reciclado de los residuos y la clave, por tanto, será que cuánto menos residuos se trasladen a los vertederos, menos se pagará a Hacienda. El impuesto se aplica desde el pasado 1 de enero aunque su cobro efectivo tendrá una periodicidad trimestral.

En el caso de la comunidad autónoma, la Consejería de Hacienda cobrará a los complejos ambientales por el volumen de residuos que reciben en calidad de 'sujetos pasivos sustitutos', y éstos «lo cargarán posteriormente a los ayuntamientos» que son los contribuyentes que depositan la basura en el vertedero, tal como explica el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado.

Indica al respecto que, igual que todos los impuestos cedidos 'tradicionales' -desde Patrimonio o Sucesiones y donaciones-, esta nueva figura impositiva se transfirió por ley del Estado a las comunidades autónomas, y en este caso se hizo mediante un decreto ley del Gobierno de España.

Esta medida no ha sido aceptada de buen grado por los alcaldes del archipiélago ya que, según han indicado fuentes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que la nueva figura impositiva incrementará de manera importante el coste económico que le supone a los ayuntamientos la gestión de los residuos, por lo que se verán «obligados» a repercutirlo en la ciudadanía, además de que entienden que en el actual contexto económico, tendrá un impacto negativo.

Sin embargo, Fermín Delgado puntualiza que se trata de una ley estatal y que el Ministerio de Hacienda ha señalado a las comunidades que su cobro no es opcional. «Sí o sí» se debe proceder a su recaudación. En caso de que alguna autonomía se niegue, agrega el viceconsejero, «Madrid lo aplicará directamente».

No será el caso de Canarias, ya que una vez aprobada la ley de transferencia del impuesto por parte del Estado, la Consejería de Hacienda igualmente ha establecido la generación de este tributo a través de un decreto ley que fue aprobado a finales del pasado mes de diciembre.

Este texto recoge que la tasa se aplica por kilo de residuo depositado en los complejos ambientales. El objetivo, insiste Delgado, es hacer un tratamiento de los residuos de acuerdo con los principios de la economía circular y que fundamentalmente pasan por reducir el volumen de residuos; preparar para la reutilización y reciclado de los mismos, así como fomentar la educación ambiental para desincentivar el traslado a los vertederos.

El impuesto tiene carácter finalista y, por tanto, la recaudación iría en buena parte destinada a la Consejería de Transición Ecológica o, en general, a actuaciones de educación ambiental y medidas de impulso y fomento del reciclado, detalla.

De acuerdo con la estimación «bastante acertada» del departamento autonómico de Hacienda, la recaudación en el archipiélago por este nuevo impuesto rondará los 34 millones de euros anuales -una cifra que a nivel estatal se acerca a los 800 millones-.

Para definir esta cantidad, «se ha trabajado con los ocho complejos ambientales de las islas para conocer el volumen de toneladas que se vierten en cada uno de ellos» y a partir de ahí se ha hecho una proyección con los tipos establecidos por el Estado y que la comunidad autónoma tiene capacidad para incrementarlos -no para reducirlos-.

Estos tipos se aplicarán dependiendo de la clasificación de los vertidos, según sean más o menos contaminantes -del 1,5% al 20%-, aunque el tipo general es del 15%.

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