Sánchez y la penitencia por sus apoyos
Canarias7 Editorial
Domingo, 17 de febrero 2019, 08:32
Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno de España con una moción de censura y pone fin a la legislatura con adelanto de las elecciones ante la evidencia de la falta de apoyos parlamentarios. Las dos fórmulas son absolutamente legítimas y, como tal, están perfectamente regladas en nuestro ordenamiento jurídico. Lo recordamos porque no cabe calificar de golpista una censura y tampoco se puede endosar ese calificativo a una concentración ciudadana que exigía la convocatoria de elecciones. Otra cosa es cuestionar los apoyos que hicieron posible el triunfo de aquella censura y que ahora, por su ausencia, son los responsables del apresurado fin de mandato. Porque en ese factor estriba la inestabilidad que ha liquidado el proyecto de Pedro Sánchez.
El Gobierno en minoría de los socialistas no cae forzado por la foto de la plaza de Colón del pasado domingo en Madrid. Ni tampoco por la evidencia de que el Partido Popular y Ciudadanos no tienen reparos en pactar con Vox, como se ha visto en Andalucía y como pudiera suceder a nivel nacional y en otras autonomías y corporaciones locales. Lo que precipita el fin de la legislatura es el chantaje del independentismo catalán, que desperdicia una oportunidad de oro -que ya veremos si se repite- para reconducir su deriva y retornar a un diálogo cuyos límites siempre tienen que estar marcados por la legalidad vigente. Esto es, lo que determina la Constitución, un texto que también se puede cambiar, pero siguiendo las pautas que marca la propia Carta Magna y no por imposición de unos grupos políticos minoritarios en el contexto estatal.
En el pecado de haber confiado en el independentismo catalán lleva Pedro Sánchez la penitencia de encontrarse con la derrota de sus presupuestos. Estos ocho meses de mandato han servido para comprobar que el soberanismo catalán sigue instalado en su propia realidad virtual, aquella que les hizo creer que era posible una república independiente y que desafiar el cumplimiento de las leyes podía salir gratis en un Estado de derecho. Por si fuera poco, ese independentismo ha pretendido condicionar la negociación presupuestaria no solo a la innecesaria figura del «relator», sino incluso a una absolución de quienes han empezado a ser juzgados en el Supremo, dinamitando así el propio principio de la separación de poderes.
En ese sentido, ha acertado Sánchez al no ceder al chantaje pero quizás habría sido preferible acudir a las urnas antes para así ahorrarse una derrota parlamentaria que deja a España sin presupuestos hasta, en el mejor de los casos, bien avanzado el verano.
