La reciente carta enviada por los presidentes de ACEA y CLEPA a Ursula von der Leyen refleja un sentir cada vez más evidente en el ... sector del automóvil europeo: la transición hacia la movilidad eléctrica no se está haciendo desde la realidad, sino desde el idealismo político.
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Los fabricantes advierten que cumplir los objetivos de CO₂ para 2030 y 2035 es inviable en el actual contexto geopolítico y económico. Si Europa, con toda su capacidad industrial, duda, ¿cómo podemos pretender aplicar esa misma vara de medir en Canarias?
Una realidad insular distinta. Canarias no es Bruselas, ni Frankfurt, ni Ámsterdam. Nuestra realidad es insular, fragmentada y dependiente. Y, sobre todo, distinta.
-Contaminación atmosférica: Los vientos alisios dispersan las emisiones y garantizan una calidad del aire envidiable. La presión sobre la reducción de gases en transporte es irrelevante comparada con los grandes centros industriales europeos.
-Poder adquisitivo: El canario tiene una renta media muy por debajo de la europea. Imponerle la obligación de adquirir vehículos eléctricos encarece la movilidad y limita su libertad de elección.
-Energía sucia: El 80% de la generación eléctrica en Canarias sigue dependiendo del fuel. Forzar un cambio de flota a eléctrico es un sinsentido cuando el mix energético no es renovable. Es desplazar el problema, no resolverlo.
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-Libertad para elegir: El ciudadano canario debe ser quien elija el coche que quiere conducir: eléctrico, híbrido, gasolina o diésel. Forzar la sustitución bajo la misma normativa europea es condenar a las islas a un encarecimiento injustificado de la movilidad y a una brecha social aún mayor.
Una excepción necesaria
Si Bruselas quiere diseñar políticas climáticas realistas, Canarias debe quedar fuera del marco común de emisiones, al menos hasta que concurran tres condiciones básicas:
-Que el mix energético esté compuesto mayoritariamente por renovables.
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-Que existan infraestructuras de recarga fiables, extendidas y accesibles.
-Que el poder adquisitivo de la población canaria permita un acceso real a las nuevas tecnologías.
Mientras tanto, imponer restricciones ciegas solo agravará la desigualdad y no aportará beneficios medioambientales tangibles.
Conclusión
La transición energética y la movilidad sostenible son objetivos indiscutibles. Pero en Canarias, aplicarlas sin criterio territorial ni sensibilidad social es incoherente e injusto. Europa debe entender que aquí la prioridad es garantizar la accesibilidad, la cohesión y la libertad de elección.
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El futuro de Canarias no puede decidirse desde un despacho en Bruselas sin mirar al cielo limpio de nuestras islas ni al bolsillo de sus ciudadanos.
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