Déficit democrático en las instituciones de la Unión Europea

En este breve artículo pretendo analizar críticamente las causas estructurales de este fenómeno, situando el problema no solo en la distribución de competencias, sino también en la constitucionalización de los tratados y en el carácter tecnocrático del poder europeo.

I. El Parlamento Europeo: entre la ampliación competencial y la distancia con el ciudadano.

Existe un hecho paradójico: a medida que el Parlamento Europeo ha adquirido más competencias, la participación electoral ha disminuido

Ello refleja, a mi juicio, que los ciudadanos no perciben en el Parlamento un instrumento eficaz de representación. La causa, a mi entender, es doble: por un lado, el sistema electoral nacionalizado, en el que los partidos compiten con programas domésticos; y por otro, la ausencia de un espacio público europeo. La falta de partidos verdaderamente transnacionales y de medios de comunicación paneuropeos impide la formación de una opinión pública común, elemento indispensable de toda democracia representativa.

En consecuencia, el Parlamento Europeo carece del vínculo directo entre elector y representante que caracteriza a las democracias nacionales. Aunque formalmente posea poder legislativo, su legitimidad material es débil. El problema, entonces, no radica únicamente en la insuficiencia de competencias, sino en la fractura del principio representativo.

II. La constitucionalización de los tratados: un poder sin control político.

Existe un segundo factor más profundo: la transformación de los tratados europeos en una 'constitución' de facto. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha elevado los tratados al rango de norma suprema, dotándolos de primacía y aplicabilidad directa sobre el derecho nacional. Sin embargo, a diferencia de las constituciones estatales, estos textos no se limitan a definir las competencias y los procedimientos institucionales, sino que contienen normas materiales que, en los Estados miembros, serían propias del legislador ordinario

El resultado es que amplios sectores de la política económica y social quedan sustraídos al debate democrático, ya que modificarlos exige la unanimidad de los Estados miembros. La integración europea se ha convertido así en un proceso juridificado y tecnocrático, impulsado por la Comisión y el TJUE sin posibilidad de corrección por parte del Parlamento o los gobiernos nacionales. La democracia queda reemplazada por la 'gobernanza' institucional.

III. El déficit liberal y la irresponsabilidad del poder europeo.

Además del déficit democrático, existe un déficit liberal, entendido como la falta de correspondencia entre poder y responsabilidad. En la UE, quienes toman decisiones -la Comisión y el TJUE- no son responsables ante el cuerpo electoral

Se rompe así la lógica esencial de la democracia liberal: todo poder debe rendir cuentas.

La Unión Europea ha desarrollado una integración negativa -eliminación de barreras nacionales- sin avanzar paralelamente en una integración positiva -creación de políticas europeas comunes-. Este desequilibrio ha favorecido la liberalización económica sin regulación social compensatoria, alimentando el descontento ciudadano.

La legitimidad del proyecto europeo se erosiona cuando las decisiones impopulares se presentan como imperativos 'europeos' inmodificables.

IV. El papel del Consejo y la persistencia de la legitimidad nacional.

Ante la debilidad del Parlamento y el tecnocratismo de la Comisión, el Consejo Europeo se ha convertido en el verdadero centro de decisión política, especialmente durante las crisis financieras. Considero que esta intergubernamentalización introduce una legitimidad indirecta, ya que los jefes de Estado y de gobierno son responsables ante sus parlamentos nacionales. Sin embargo, esta solución solo refuerza la fragmentación de la soberanía democrática, al sustituir una deliberación común por negociaciones entre intereses nacionales.

Efectivamente, la UE no puede renunciar a la legitimación por los Estados, pero es necesario equilibrar esa base con una verdadera representación europea.

Propondríamos tres reformas: (1) reducir los tratados a las cuestiones constitucionales esenciales; (2) delimitar claramente las competencias de la Unión conforme al principio de subsidiariedad; y (3) reforzar la representatividad del Parlamento mediante un nuevo sistema electoral paneuropeo.

V. Perspectiva jurídica: legitimidad, soberanía y espacio público europeo.

Desde un enfoque jurídico-constitucional, el déficit democrático de la UE refleja la crisis de la soberanía popular en un sistema multinivel. El principio democrático, consagrado en el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, exige que las decisiones sean adoptadas 'lo más cerca posible de los ciudadanos'. Sin embargo, la actual estructura institucional dificulta esa proximidad: el Parlamento carece de control efectivo sobre la Comisión, el TJUE actúa como legislador negativo, y la ciudadanía europea se expresa de manera fragmentada.

El desafío consiste, pues, en repolitizar la integración europea, transformando la obediencia jurídica en deliberación democrática. Ello requiere un Parlamento más representativo, partidos verdaderamente europeos y una opinión pública transnacional. Solo así el ejercicio del poder legislativo de la UE podrá cumplir con las exigencias de legitimidad propias del Estado de Derecho democrático.

Conclusión.

Sí, existe un déficit democrático en el ejercicio del poder legislativo de la Unión Europea, pero no se trata simplemente de una cuestión de competencias parlamentarias. Es un fenómeno estructural derivado de la constitucionalización de los tratados, la tecnocratización del proceso decisorio y la ausencia de un espacio político europeo compartido.

El problema no se resolverá otorgando más poder al Parlamento, sino redefiniendo la naturaleza misma de la integración europea: de una unión jurídica de Estados a una comunidad política de ciudadanos.