Alberto Rodríguez

La reciente decisión del Tribunal Constitucional en relación al exdiputado nacional Alberto Rodríguez ha venido a decirnos que fue desproporcionada la medida aplicada, en la pasada legislatura. Le fue retirada el acta, cuando la decisión judicial tenía recorrido todavía. Y sin vuelta atrás. Cierto que siempre quedó la opción de tramitar la entrada de otro componente de la lista del partido en el que militaba el afectado. Pero esta posibilidad era el equivalente a renunciar a la defensa.

Hay que tener muy presente, como ya he expuesto en pasadas ocasiones, que el acta de cualquier representante público tiene carácter personal. Acontece con titulares de los ayuntamientos y con integrantes de los cabildos y entes similares. Pasa con quienes nos representan en los parlamentos regionales. Y sucede también con diputados y diputadas; a igual que con senadoras y senadores. Haciendo suma, decenas de miles en España.

Por estadística, puede ser que este mismo fin de semana se cuenten por decenas los que no están en condiciones de asumir el lunes funciones propias de sus públicas responsabilidades. Y en la legislación continúa sin constar conductos que permitan suplirles, sin que tenga que ser irreversible. Incido nuevamente en lo que elucidé hace algo más de dos años atrás. «En la vida común, si un profesional causa baja temporal es posible un contratación eventual para cubrir el hueco. ¿Por qué no en política?». Pues eso.