Los acuerdos entre partidos e incluso entre quien gobierna y las formaciones políticas que le dan apoyo son legítimos y entran dentro del juego democrático. ... Otra cosa es que si el Gobierno presume de transparente, sea bastante opaco a la hora de explicar qué ha pactado, con qué límites y con qué fórmula legal.
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Por eso es, de entrada, criticable el acuerdo que, al parecer, alcanzaron el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para conseguir que este partido no tumbase con un voto negativo dos de los tres decretos sometidos a convalidación el pasado miércoles (el tercero decayó por obra y gracia de Podemos, partido que tampoco fue muy claro en sus argumentos pero estaba de más: todos sabemos que lo hicieron por fastidiar a Yolanda Díaz y cobrarle así facturas vencidas).
Mientras que el PSOE y Sumar no aciertan a explicar con claridad lo acordado con Junts, el partido de Puigdemont ha sido el primero en contar a los cuatro vientos lo que, según ellos, han amarrado. Y entre esas cuestiones, hay una que sobresale: las competencias en inmigración.
Vayamos por partes y aclaremos algunas cuestiones. ¿Estamos ante una competencia de titularidad estatal? Sí. ¿Se puede transferir o delegar, ya sea parcialmente o totalmente, a una autonomía? Sí, aunque con ciertos matices sobre el alcance de la misma. ¿Cómo se haría? Pues está inventado y se ha hecho con anterioridad. Es más, Canarias puede dar lecciones al respecto. Básicamente caben la delegación estatal de competencias o la transferencia de las mismas. Y para esto último, que supondría elevar el techo de autogobierno, hay una figura constitucional: el artículo 150.2 recoge la vía de las leyes orgánicas de transferencias. Así se hizo con Canarias en su día (la famosa Ley Orgánica de Transferencias a Canarias, nuestra querida Lotraca), al igual que con Valencia (con su Lotrava), de manera que autonomías teóricamente con menos competencias vieron engrosadas las mismas por esa vía (bien es verdad que con un déficit de financiación que ha tardado varias décadas en resolverse).
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Aclarado todo lo anterior, en materia migratoria hay que hilar muy fino. ¿Qué alcance tiene lo pactado? ¿Afecta solo a la expulsión de migrantes multirreincidentes en ilegalidades o se extiende a la fijación de cupos de inmigrantes a recibir en Cataluña? ¿Podrá Cataluña negarse a acoger menores migrantes no acompañados llegados a otras autonomías? Y, sobre todo, ¿en qué cabeza cabe que se sea tan generoso con Junts cuando es público que tiene un sector que entiende que el español es un inmigrante a expulsar? Pues eso.
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