Mucho que decir

Los cabildos insulares llevan tiempo planteando cambiar ese protocolo. Pero hasta ahora tropiezan con un muro: la incomprensión mesetaria. No se trata de ponerse en plan victimista, sino ser realistas y reconocer que sigue habiendo mecanismos diseñados seguramente con toda la buena voluntad en los despachos ministeriales de Madrid que pueden valer para la España peninsular, pero que no se adaptan a la realidad insular. Ni a la canaria ni a la balear. Y tres cuartos de lo mismo para Ceuta y Melilla, que son 'ciudades autónomas', pero que a la hora de la verdad son muy dependientes de Madrid.

Ya lo vimos con el asunto de las miserias energéticas. En 2013 se juntaron el hambre del deseo ministerial de darle un bofetón a dos manos a Endesa con las ganas de comer de unos técnicos estatales ansiosos por presumir de que lo controlaban todo y acabó saliendo una ley que, en el caso de Canarias, era un disparate: no dejaba invertir a quien deseaba hacerlo y todo ello con la excusa de que así se fomentaba una competencia que, diez años después, sigue sin llegar.

Con la inmigración también vemos cómo en Madrid se toman decisiones que no digo que estén cargadas de mala intención, pero que sí parten de un desconocimiento absoluto de lo que supone vivir lejos y en un territorio fragmentado, con el añadido de que hay islas sobradas de infraestructuras y otras que, por su tamaño y su población, están más 'justitas'. Es el caso de ese empeño en que el reparto de menores no acogidos entre autonomías deba ser cuestión de buena voluntad entre todas, cuando es evidente que la bondad varía en función de criterios políticos: si quien gobierna no quiere a inmigrantes en trozo de España mesetaria, pues no los tendrá. Salvo, claro está, que se los impongan por decreto.

Resumiendo: si de verdad se quiere avanzar en un nuevo concepto de país, Canarias tiene, 45 años después de la Constitución, mucho que decir.