Dice el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ya solo confía en los tribunales para resolver el asunto de los menores migrantes no acompañados que ... la Comunidad Autónoma atiende pese a que está sobradamente desbordada y pese a que la cuestión migratoria es cuestión de Estado y, por tanto, debe tener una respuesta que implique al Gobierno de España y también a las autonomías -esto segundo es importante, porque también son parte del Estado-. Es más, resulta que las más solidarias hasta la fechan han sido las que tienen partidos que sueñan con crear un Estado propio, mientras que las más insolidarias están siendo precisamente las que se rasgan las vestiduras en defensa de una sola España.
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Pero para que los tribunales actúen con la contundencia que lo están haciendo, por ejemplo, en el asunto de los menores que piden protección internacional, es clave que haya una actuación de parte. Debe ir alguien al juzgado o a la Fiscalía a pedir que se cumpla la legalidad, porque no parece que de oficio estén por la labor de hacerlos agentes jurídicos (esto da para otro debate...)
En ese sentido, uno se pregunta qué más hace falta para una administración lleve al juzgado el incumplimiento del decreto ley que tanto costó cambiar y que se creó ante la evidencia de que la Ley de Extranjería condenaba a Canarias a atender en solitario a los menores no acompañados. Estamos hablando de un decreto con rango de ley, convalidado por el Congreso, y es cierto que está recurrido ante el Constitucional, pero mientras no haya suspensión cautelar o veredicto al respecto, todos en este país están obligados a cumplirlo. Y ese 'todos' empieza y acaba en el resto de gobierno regionales.
Hubo un tiempo no tan lejano en que en este país se montó un lío político, judicial y social de gran calado porque hubo un Gobierno autonómico y un Parlamento que hicieron de su capa un sayo. Aquello acabó con una decisión sin precedentes:la aplicación del artículo 155 de la Constitución, esto es, la suspensión en la práctica de competencias estatutarias. ¿Por qué no se hace algo similar cuando estamos hablando de proteger a menores? ¿Por qué no se dirige el Gobierno central a las comunidades para que identifiquen con nombres y apellidos a quienes se están riendo del decreto, de Canarias y de esos menores con excusas peregrinas?
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Después le pedimos a los ciudadanos que cumplan las leyes aunque no compartan su espíritu. ¿Y ellos qué?
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