Esta semana se han producido tres pronunciamientos judiciales de gran impacto mediático, social y político. Por orden cronológico, primero fue la decisión de la jueza ... Carmen Rodríguez-Medel de enviar a juicio a Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. Después la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó los recursos de las defensas y también mandó a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al líder del PSOE en Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y al resto de investigados, en una causa centrada en la presunta contratación irregular del primero. Con posterioridad, el juez Juan Carlos Peinado acordó que la malversación por la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente, el delegado del Gobierno en Madrid y la asesora personal de la primera, sea juzgada por un jurado popular.
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En ninguno de los tres procedimientos hay sentencia, de manera que debe prevalecer la presunción de inocencia. De la misma manera que debe prevalecer la credibilidad de la Justicia, llámese como se llame el instructor y sean quienes sean las personas investigadas. En este sentido, si algo hay que sacar en positivo a fecha de hoy es la confianza en los mecanismos judiciales, que están demostrando que funcionan sin tener en cuenta el nombre y apellidos o el parentesco de quienes están rodeados de sospechas.
Esa prudencia en los pronunciamientos es lo que se echa en falta en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el propio presidente. Y además, con una doble vara de medir. Así, tras la decisión judicial sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que todavía precisa de confirmación o no por parte de la Audiencia, los ministros, el Partido Socialista y Sumar se lanzaron a exigir responsabilidades políticas, mirando directamente a la presidenta madrileña y al Partido Popular. Pero cuando llegaron las resoluciones sobre David Sánchez y Begoña Gómez, la reacción fue otra: ataques a la labor de los instructores.
Si grave fue escuchar al presidente a la vuelta de sus vacaciones que en España hay jueces que juegan a hacer política, tanto o más es que el poder ejecutivo no respete la debida separación de competencias y pretenda ser juez y parte en casos donde no solo hay relaciones de parentesco, sino que los hechos investigados, si se convierten en hechos probados, están conectados con el vínculo directo con el inquilino de La Moncloa.
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