El debate no es jurídico

Fue a mitad de agosto cuando se vieron en secreto esas tres mismas partes para aproximar posiciones tras el rechazo, un mes antes, de la proposición de ley presentada por el Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria. Todavía seguimos sin explicación del Gobierno de Pedro Sánchez o del PSOE de la ausencia de respuesta ante el preacuerdo alcanzado en aquella cita secreta. Como tampoco los socialistas han explicado por qué no aceptan las condiciones planteadas por el Partido Popular y el Gobierno canario en el documento que sellaron en Tenerife Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo.

Solo se ha visto celeridad del Ejecutivo que preside Sánchez para moverse en el ámbito jurídico y cuestionar la legalidad del protocolo de atención a los menores aprobado por el Gobierno canario. El martes podría presentarse el recurso ante el Tribunal Constitucional, mientras que la Fiscalía ya ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia suspenda de manera cautelarísima ese protocolo. Pero ese no debe ser el centro del debate: una cosa es cómo se atiende a los menores y otra, que es la que sigue sin resolverse, que una autonomía no puede cargar en solitario con la presión migratoria.

Es en ese punto donde ya no caben excusas ni dilaciones. El Gobierno de Sánchez, que no tiene reparos en mandar a Suiza a su número tres para sentarse con el prófugo Carles Puigdemont y compañía con tal de recuperar sus votos -a cambio de más concesiones, por supuesto-, debería poner igual o mayor interés en dar respuesta a lo que necesita Canarias y, sobre todo, lo que precisan los menores.