Desahucios

No está en las fotos de Colón ni lo hablaron Biden ni Sánchez en su paseíllo exprés, pero no cabe duda de que si hay un problema que quita el sueño al español de a pie es el de la vivienda. Son miles las familias que no tienen acceso a este derecho, y es evidente que una carencia así no solo lastra el desarrollo vital de una persona, sino que debilita los cimientos de una pretendida sociedad del bienestar como la nuestra que cojea por este flanco. Por si no fuera poco, su solución es compleja y cara, y tiene demasiadas aristas. Entre ellas hay una que suele copar titulares: los desahucios.

Día sí, día también, juzgados de toda España firman lanzamientos de vivienda. Y lo fácil, porque es humano, es ponerse del lado del desahuciado. Humildemente creo que no se debería permitir que nadie se quede nunca en la calle. Haya niños o no de por medio. Ahora bien, el peso de esa responsabilidad, o de ese deber, no ha de recaer en el propietario. No hablo de fondos buitre o de bancos, a los que les sobran espaldas para aguantar un poco más si una familia no tiene para pagarle el alquiler. Me refiero al particular que alquila una, dos o más casas y que literalmente es sometido a un calvario judicial cuando trata de recuperar su vivienda porque el arrendatario no paga o no puede pagarle. O porque, directamente, se le ha metido un okupa.

Es verdad que la ley ha de salvaguardar también los derechos del inquilino, pero no a costa del sudor del arrendador. Creo que la legislación actual no guarda ese sensato equilibrio. Y si lo hace, no lo consigue, porque a menudo es el particular el que acaba pagando la incompetencia de un sistema que no garantiza el derecho a un hogar a miles de personas.