Derecho a no ir al paro

El derecho a la huelga aparece recogido en la Constitución Española y por ello, nada se puede decir cuando un colectivo decide recurrir a esta medida para hacer una reivindicación que considera justa. Dicho esto, corresponde al Gobierno y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado controlar y vigilar para que en una convocatoria de huelga se cumplan los servicios mínimos establecidos y se deje trabajar a aquellos que deciden no secundar un paro, por los motivos que sean. Bien porque no comparten las reclamaciones o bien porque no quieren dejar de trabajar y cobrar esas jornadas de paro, pero tanto tienen derecho a ir a la huelga unos como otros a trabajar, sin que nadie se lo impida.

Digo esto con motivo de la próxima convocatoria de huelga en el sector de transporte -que si el Gobierno no lo impide antes se celebrará a partir del lunes 14-, al fin de que en esta ocasión no vuelvan a darse situaciones como las vividas en marzo de este año, cuando el paro de los transportistas provocó un auténtico caos en la península debido a la violencia con la que actuaron muchos piquetes, que impidieron trabajar a los transportistas que querían hacerlo.

Hubo lunas rotas, ruedas pinchadas y agresiones, que llevaron a más de un camionero a decidir no trabajar para evitarse los problemas. La situación derivó en el bloqueo de muchos puertos, lo que impidió que parte de la carga llegara a las islas -algo que en esta ocasión no puede volver a ocurrir- y pérdidas millonarias a nivel nacional por productos perecederos del campo que se quedaron tirados sin distribuirse y de industrias que tuvieron que parar parte de sus producciones al no contar con la materia prima necesaria o tener los almacenes a rebosar e incapacidad para llevarlo a los puntos de venta. En consecuencia, los consumidores en la península sufrieron desabastecimiento de productos como la leche o frutas y verduras.

Está claro que esto no puede volver a repetirse.

Temas

• Transportes
• Manifestaciones de apoyo
• Huelgas
• Movilidad