El volcán sigue ahí y va a seguir. Así se extinga mañana, ya quisiéramos, al margen de si se declara o no territorio protegido el malpaís nacido, y a expensas de cómo se resuelva el derecho de propiedad de los que hasta ahora ocupaban el espacio antes de la erupción, y aun cuando luego dé pie a la mejor zona agrícola de la isla, como ocurrió tras el San Juan, en 1949, colonizar ese nuevo territorio costará años y, hasta tanto, la crisis que azota la isla de La Palma y a sus gentes perdurará. Su gestión va, pues, mucho más allá de un horizonte temporal cercano, exige medidas de largo recorrido, porque seguramente será bastante más compleja en la medida en que se alargue, en tanto en cuanto las secuelas con toda seguridad irán al alza.
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Pero no sólo el volcán acongoja a esta economía insular, a la cola históricamente en los indicadores negativos, ahora todavía más acentuados tras el colapso provocado por la pandemia. Reconocido está que las secuelas económicas generadas por la covid-19 se han sufrido más aquí. El cero turístico, sostén de nuestro PIB, ha puesto a casi 200.000 canarios más al límite de la exclusión social y la pobreza severa en tan solo un año. Resultado, a día de hoy en las islas hay 810.900 personas en riesgo de pobreza o exclusión, lo que significa un 36,3% de la población, diez puntos por encima de la media española. Y las cifras pueden ir a más en el próximo año, según ha vaticinado Juan Carlos Lorenzo, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Entre tanto, en este tiempo, la brecha entre quienes más tienen y los que menos se ha agrandado, contradiciendo ese discurso del Gobierno de promover una política que favorezca un reparto más equitativo de la riqueza, mientras se sigue insistiendo en que la solución pasa por un cambio de modelo económico. Largo me lo fiais, amigo Sancho.
Y al volcán, el paro, la pobreza... se le suma la crisis migratoria que no cesa. Siguen batiéndose récords de llegada y de muertes de migrantes en las costas canarias, las ONG avisan de que serán todavía más «escandalosas». Los centros de acogida vuelven a hacinarse, el de Lanzarote va camino, si no lo es ya, de convertirse en otro oprobioso muelle de Arguineguín y el acuerdo para la distribución equitativa entre todas las comunidades autónomas de los menores no acompañados llegados en pateras no se concreta.
Así las cosas, que Canarias reclame una atención preferente no es baladí, es de justicia.
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