El Consejo de Ministros aprobó esta semana el anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, lo que se traduce ... en que el Estado asumirá 83.252 millones de euros. Por más que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado presentar esa medida como un acto de generosidad con las autonomías, es evidente que estamos ante un intento de camuflar la enésima concesión al independentismo catalán. Esta iniciativa deriva del acuerdo entre el Partido Socialista y ERC, que busca un doble objetivo: garantizar la continuidad del apoyo de los diputados de este partido al Gobierno en el Congreso y, en paralelo, de ERC al Ejecutivo catalán que preside Salvador Illa.
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Y esa condonación de deuda va acompañada de la promesa de beneficiar a Cataluña con un sistema de financiación al margen del resto, creando una especie de cupo similar al vasco, pero sin que haya justificación estatutaria ni constitucional para ese trato preferencial. Todo ello, para más inri, sin que se aborde la cuestión de fondo que lleva pendiente más de una década: la revisión del sistema de financiación autonómico.
No acaban aquí las injusticias de ese acuerdo entre el PSOE y ERC: esta condonación mutualiza la deuda y, sobre todo, extiende a todos los resultados de la mala gestión de algunas autonomías. Así, lo que hasta la fecha debían devolver las haciendas regionales, más los intereses, pasa a ser asumido por el Estado, esto es, por todos los españoles. Estamos, por consiguiente, ante un doble premio al independentismo catalán: se le exonera buena parte de su deuda y se le regala un 'cupo' preferente que consagra una relación bilateral.
En el caso de Canarias, hay otra consideración a tener en cuenta: ha sido una autonomía cumplidora en materia de financiación y poco endeudada, lo que justifica que el Gobierno de Fernando Clavijo reclame un mejor trato en la distribución de esa quita.
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Estamos, en suma, ante otro paso de Sánchez en su huida hacia adelante para evitar el adelanto de las elecciones. Con los presupuestos del Estado prorrogados; sin garantía de que los de 2026 cuenten con los apoyos necesarios; cercado por los casos de presunta corrupción; con el mundo judicial reclamando respeto y con la presencia internacional reducida casi a cero, esta condonación tiene más de trampa saducea que de auténtica voluntad de colaboración con las autonomías.
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