Nueve malienses y un senegalés, los primeros menores solicitantes de asilo trasladados desde Canarias

Clavijo explicó que su comunidad, que aún mantiene la tutela de los menores, debe contactar con las autonomías que acojan a los migrantes para compartir sus datos. Además, señaló que el Gobierno central todavía no ha informado a Canarias de dónde estarán las 1.200 plazas de acogida que deben abrirse en centros de la península. «Se está utilizando políticamente a los más vulnerables entre los vulnerables», afirmó en una entrevista en RNE.

El presidente canario se quejó de que los técnicos de su comunidad aún no conocen los nombres de los próximos menores que viajarán a la península, una derivación que se producirá el jueves o el viernes de esta semana, según adelantó. «Hay falta de concreción», lamentó Clavijo, que también acusó a las comunidades que rechazan los traslados de «hacer populismo con el dolor de los niños y las niñas».

Los diez refugiados que viajaron este lunes son los primeros menores solicitantes de asilo trasladados desde Canarias hasta la península por el Gobierno para cumplir, con más de cuatro meses de retraso, la orden del Tribunal Supremo para que el Ejecutivo se hiciera cargo de la situación de los refugiados. Los adolescentes, dos más de los previstos al principio, abren las derivaciones que ha comprometido el Gobierno con Canarias: dos viajes por semana con entre 15 o 20 migrantes en cada uno de ellos para completar en entre siete y diez meses el traslado de los mil menores que se encuentran en esta situación.

En marzo, el Supremo exigió a que los ministerios de Interior y de Migraciones que se responsabilizaran de la acogida del millar de menores cuyas peticiones de asilo no habían podido ser tramitadas en Canarias por el colapso del sistema migratorio de acogida en las islas. Los jueces dieron un ultimátum y amenazaron con sanciones a los funcionarios que no cumplieran con sus órdenes.

El destino de los trasladados, que el Ministerio de Migraciones no quiso publicitar «para salvaguardar» a los menores, sigue generando controversia después de que varias comunidades autónomas, las gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, del PSOE, hayan mostrado públicamente sus recelos ante los planes migratorios del Gobierno. Madrid ha sido la que ha expresado un rechazo más notorio después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por los populares y con el aval de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, decidiera cerrar el centro de migrantes de la localidad con el argumento de que no tenía licencia.

El consejero de Interior de Madrid, Carlos Novillo, tachó los traslados de «nefastos» e «interesados». Mientras, el presidente de la Xunta, el también popular Alfonso Rueda, aseguró que su comunidad «no tiene capacidad para acoger más menores sin una planificación temporal y sin los recursos económicos suficientes». Cantabria y Extremadura criticaron la «falta de información» del Gobierno central.