Pedro Sánchez y Nadia Calviño durante un pleno del Congreso. / EFE

Sánchez se convierte en rehén de la geometría variable que quiso explotar

El Gobierno se abona a salvar 'in extremis' sus medidas clave y encara, dividido, la dependencia del PP y la oposición de ERC

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El concepto de «geometría variable» se ha convertido en un asunto tabú en la Moncloa. Pedro Sánchez intentó en la primera mitad de la legislatura explotar esta vía para sacar adelante las medidas con apoyo a derecha y a izquierda, pero ahora se ve acorralado por sus propios socios de Gobierno, que no siempre respaldan sus leyes, y frente a un PP que ha descubierto los beneficios de «hacer sudar tinta» a los socialistas dejando a un lado la política del 'no' por respuesta que practicaban en tiempos de Pablo Casado. Ante esta volatilidad, el Ejecutivo se ha abonado a salvar 'in extremis' las votaciones en la Cámara baja. En los últimos meses, tres de ellas -la reforma laboral, las medidas para paliar la guerra de Ucrania o la Ley Audiovisual- necesitaron aprobarse con mayorías totalmente distintas. Pero estas sumas podrían fallar cualquier día.

La reforma laboral, en febrero, requirió del apoyo de Ciudadanos y del inesperado error de un diputado del PP, que se equivocó al votar telemáticamente para configurar un resultado de infarto: 175 votos a favor, 174 en contra y ninguna abstención. EH Bildu, Esquerra y PNV se mantuvieron en el 'no' al final de una semana en la que el Gobierno daba por hecho la aprobación del proyecto estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero el giro de dos diputados de UPN, que acabaron traicionando las órdenes de la presidencia de su partido evidenció que el Gobierno camina sobre la cuerda floja en esta segunda mitad de legislatura. «Está jugando con fuego», advirtió el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián.

El 28 de abril, la votación que decidía el paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania se disputó en mitad del escándalo por el espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos, conocido como 'caso Pegasus', y con la relación del Ejecutivo y sus socios en el momento más delicado. En esta ocasión, fue EH Bildu la formación que acabó por sacar las castañas del fuego a PSOE y Unidas Podemos, que llegaron a dar por perdida una batalla parlamentaria que incluía 1.000 millones de euros al sector de los transportes o el descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible. El resultado: 176 'síes' contra 172 'noes'.

Alianza Esquerra-Bildu

Los republicanos presumen de haber forjado una alianza estratégica con Bildu que «arrastra a los socialistas» a sus posiciones. Pero en esta ocasión justificaron su postura en contra alegando que el Gobierno no se había «movido para asumir responsabilidades tras el espionaje ilegal». La izquierda abertzale, por su parte, explicó su voto por «responsabilidad hacia los ciudadanos». «Pero que nadie se confunda nuestro compromiso es para con la ciudadanía, no para con este Gobierno», advirtió la portavoz de la formación vasca, Mertxe Aizpura.

El paradigma de la geometría variable se produjo el pasado jueves en el Hemiciclo, cuando por primera vez Unidas Podemos no quiso respaldar -se abstuvo al votar- una medida que emanaba del mismo Gobierno del que forma parte: la Ley Audiovisual. Una paradoja que se saldó con escasos 130 votos a favor y que salvó el Partido Popular con su abstención, todo pese a que durante el debate parlamentario se habían mostrado en contra de la medida. Los populares ya habían salvado los muebles al Gobierno dos veces antes en mayo: votaron en contra de la creación de una comisión investigación sobre el 'caso Pegasus', promovida por sus aliados, y permitieron la tramitación de la ley de seguridad nacional, rechazada por el bloque de la investidura.

En el PP, ahora con Alberto Núñez Feijóo al mando, se jactan de que con estas maniobras generan «lío» entre Sánchez y sus aliados y que están ganando en el Congreso una influencia superior a la que les concede «la aritmética parlamentaria» de sus 88 escaños.

Batallas pendientes

En Moncloa ya sacan la calculadora ante el incierto resultado de las medidas que aún deben someterse a votación en la Cámara baja antes de las próximas generales y asumen que costarán sangre, sudor y lágrimas. Entre ellas destacan la ley de seguridad ciudadana, la de Memoria Democrática, la de los fondos de pensiones o la guinda de los Presupuestos de 2023. «Las leyes salen, que es lo importante», se limitan a zanjar.

No será fácil, aunque tampoco lo ha sido hasta ahora. Esquerra, con 13 diputados en la Cámara baja que siempre tienen la vista puesta en la coalición con Junts con la que gobiernan en Cataluña, se encuadra dentro del llamado bloque de socios cercanos al Gobierno, pero lo cierto es que ha votado en contra de las últimas medidas clave de la legislatura. Una postura que ha descolocado a socialistas y morados en no pocas ocasiones.

Además la fuerza parlamentaria de la propia coalición gubernamental se ha ido debilitando y ahora cuentan con dos diputados menos (un total de 153): Alberto Rodríguez, desposeído de su acta de diputado tras ser condenado por el Supremo y cuyo escaño sigue vacío; y Meri Pita, que abandonó el grupo parlamentario de Unidas Podemos antes de la votación de la reforma laboral. Dos 'síes' que podrían ser cruciales en la siguiente batalla.