La respuesta a los fuegos tras la dana reabre el debate sobre la gestión de emergencias

Los socialistas insisten en que la prevención y extinción de los fuegos son competencias autonómicas y que, en el caso de los incendios más devastadores de Castilla y León, Galicia y Extremadura, corresponden a ejecutivos del PP. Los populares centran el debate en la falta de medios –han reclamado durante días el despliegue, más allá de la Unidad Militar de Emergencias, del Ejército– y en los compromisos incumplidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años para prevenir y atajar este tipo de catástrofes, que ha lastrado la prevención, planificación y reacción ante los incendios.

Desde Génova acusan al Gobierno de no haber implementado el mecanismo nacional de respuesta en emergencias que recoge el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, que el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 para mejorar la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional. Este mecanismo está pensado para proporcionar un mapa en tiempo real de los medios de que dispone cada Administración y de sus necesidades permitiendo una respuesta inmediata.

Los populares recuerdan también que durante la Conferencia de Presidentes de la Palma de 2022, con las imágenes de la erupción del volcán de Cumbre Vieja todavía en la retina, el Gobierno y las comunidades se comprometieron a mejorar la coordinación ante los desastres a través del Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres 'Horizonte 2035', que posteriormente fue aprobado por el pleno del Consejo Nacional de Protección Civil y por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo defendió entonces que con este plan se apostaba por fortalecer los organismos del Sistema Nacional de Protección Civil, ordenar los recursos para que sean interoperables entre las distintas administraciones públicas y garantizar la capacidad de cada una para responder a las emergencias en el ámbito de sus competencias. Pero tres años después aún está en desarrollo.

El partido de Alberto Núñez Feijóo pone el foco también en la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para actualizar el gasto destinado a combatir los fuegos –los últimos son de 2023– y en la falta de ejecución de los fondos europeos previstos para la gestión forestal. Según el último balance efectuado por Intervención General de la Administración del Estado, hasta junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sólo había realizado el pago del 4% de los fondos comprometidos para este año. El total presupuestado asciende a casi 71 millones de euros pero la cantidad abonada ronda los 2,7 millones. «Si el Gobierno empleara el dinero público y los Next Generation para lo que realmente hace falta y no para romper España y pagar favores ideológicos a sus socios separatistas y filoetarras, hoy este país tendría una política de prevención de incendios más eficaz que habría ahorrado vidas, viviendas y tierras», censuró el viernes la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat.

Desde el Departamento que dirige Sara Aaegesen desmienten a los conservadores y aseguran que una partida «relevante» de los fondos Next Generation se ha destinado a prevención y extinción de incendios» y que la primera de ellas se ha ejecutado «vía transferencia, de 253 millones de euros, a las comunidades autónomas y para inversión en prevención y extinción». Precisan, además, que una segunda fase se ha materializado en «149 millones de euros» mediante una «ejecución directa» del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este bloque, recalcan las mismas fuentes, se ha incluido «la modernización de todas las bases de operaciones de las BRIF y la modernización de la aviónica del operativo aéreo de extinción.

Mientras el Gobierno y el PP se echan a la cara la falta de inversión contra el fuego, la Fiscalía de Medio Ambiente investiga ya la relación entre el déficit de planes de prevención y la brutal ola de fuegos. Será el Seprona, dependiente de la Guardia Civil, quien recabe información sobre si los municipios que han padecido los peores incendios cuentan con estos planes de prevención, como establece la Ley de Montes, de 2003.

La ausencia de programas de prevención no solo afecta a los ayuntamientos, también a las comunidades, que están obligadas por ley desde hace tres años a elaborar planes anuales de este tipo. Este deber fue introducido en la normativa a través de un real decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobado en agosto de 2022, después de que ardiera la Sierra de la Culebra (Zamora).

En la norma, el Ejecutivo central se comprometía además a aprobar con otro real decreto «las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes» de prevención, vigilancia y extinción autonómicos. Pero, tres años después, el Gobierno aún no ha aprobado nada. El adelanto de las elecciones generales a julio de 2023 hizo que se aparcaran ambos decretos. En Moncloa, no obstante, aseguran que esas directrices no son condición imprescindible para que las comunidades puedan elaborar sus planes. El pacto climático propuesto por Sánchez se ha convertido en otro foco de enfrentamiento.