El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se dirige a la prensa. EP.

El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox

El Ejecutivo defiende la aportación de la población extranjera al crecimiento económico frente a la última propuesta del líder del PP y remarca que el 83% de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital son de españoles

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:40

El Gobierno rechaza que la inmigración pueda ser considerada «un problema» en España y acusa al principal partido de la oposición de «estigmatizar» injustamente a ... la población extranjera con propuestas como la que este domingo planteó Alberto Núñez Feijóo en Murcia. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, argumentó hoy que la idea de un visado por puntos que prime a aquellos que provienen de «culturas próximas» y la expulsión de inmigrantes que cometan delitos es propia de la ultraderecha y advirtió al líder de la oposición de que endurecer su discurso no le servirá para frenar la fuga de votos a Vox que detectan las encuestas.

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Bolaños esgrimió que lo que ahora está ensayando el primer partido de la oposición ya lo han intentado otros muchos partidos de la derecha tradicional en Europa sin éxito alguno. «Cuando blanquean y hacen suyo el discurso de la extrema derecha autoritaria, lo único que hacen es acelerar el sorpaso de estas ultraderechas autoritarias», aseguró en una comparecencia en Albacete, donde se encontraba para participar en la apertura del año judicial de Castilla-La Mancha. «Lo único que conseguirá -insistió- es que Vox engulla al PP».

El Ejecutivo defiende que la inmigración es un fenómeno positivo. Lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada en varias entrevistas en medios estadounidenses, durante su estancia en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y lo repitieron hoy varios de sus ministros. No solo Bolaños, quien recordó, además, que España tiene «una de las mejores ratios del mundo en seguridad ciudadana» sino también el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres,; el responsable de Economía, Carlos Cuerpo: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Cuerpo puso en valor, en una entrevista en RNE, la aportación de la población inmigrante al crecimiento del PIB español. En concreto, se refirió a sendos análisis del Banco de España y de la Universidad de Alicante para apuntalar su afirmación y resaltó que este ultimo constata «impacto positivo» de esas personas en la productividad de sectores como la construcción, la agricultura o el sector servicios. «No podemos escudarnos en el argumento económico porque no es veraz. Y si quitamos el argumento económico, ¿qué queda?», se preguntó.

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También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidió en este asunto. Montero argumentó que no se puede estar «permanentemente criminalizando o despreciando la labor» de los inmigrantes asociándolos «con conductas delictivas» porque se trata personas que aportan cotizaciones, mano de obra en los empleos que no se cubren por el mercado laboral nacional, natalidad a una sociedad envejecida y, en definitiva, «riqueza para posteriormente poder repartirla». «Y, como todo en la vida, hay personas que cometen delitos con independencia de su raza, de su religión e incluso de su propia educación», adujo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se refirió, por su parte a la percepción del Ingreso Mínimo Vital, que Feijóo propone vincular a la búsqueda activa de empleo. Saiz apuntó que el 83% de los hogares que perciben esa prestación son de españoles. "Y en el resto -añadió- hay importante presencia de menores". Asimismo, remarcó que para poder acceder a él es necesario acreditar una residencia legal de más de un año en España.

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Tanto Bolaños como Torres advirtieron, además, de que «muchas» de las cuestiones que Feijóo puso sobre la mesa este domingo «como novedades» ya están en vigor. Aunque ninguno de los dos las citó expresamente, se refirieron así a las expulsiones por la comisión de delitos, que el líder de la oposición propone endurecer. En la actualidad, el artículo 89 del Código Penal ya contempla que se expulse del territorio español a aquellos ciudadanos extranjeros que sean condenados con una pena de prisión de más de un año, aunque es el juez el que decide sobre la proporcionalidad de la medida, en función de cuestiones como el arraigo o del riesgo de persecución en su propio país. Por eso, el ministro de Política Territorial argumentó que en este sentido, el planteamiento del PP tiene mucho de «puesta en escena».

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