Dos años después del 23-J, Sánchez sigue caminando sobre el alambre

«Gobernar no es resistir». Lo dijo Yolanda Díaz en el arranque del curso político que agoniza. Sin embargo, resistir es lo que mejor ha sabido hacer el Gobierno. El ecuador de la legislatura se acerca. El Congreso celebrará este martes su último pleno antes del descanso estival, al filo del segundo aniversario de las generales del 23 de julio tras las que Pedro Sánchez abjuró de su rechazo a amnistiar el 'procés' para construir una difícil mayoría parlamentaria sostenida todo este tiempo a base de complicadas negociaciones, controvertidas cesiones al independentismo y el reconocimiento de Vox como enemigo común. Y en la Moncloa respiran con cierto alivio porque ni siquiera el estallido del 'caso Cerdán' ha logrado tumbarlos.

La noticia de que un juzgado de Tarragona investigaba desde hacía siete años el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y ha acordado su imputación por nueve delitos de corrupción llegó este jueves, además, en el mejor momento para neutralizar las críticas de la oposición, justo cuando los socios de la investidura ya habían decidido tragarse la indignación que les produjo saber que dos de los principales protagonistas de la moción de censura a la que fueron convocados por Sánchez en 2018 para tumbar a Mariano Rajoy por corrupción, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, montaron una trama de mordidas por obras públicas aderezada de un comportamiento chusco y zafio hacia las mujeres.

Desde el inicio de esta grave crisis de credibilidad aún potencialmente destructiva –nadie se atreve ya en el PSOE a dar por sentado que no habrá más implicados–, Sánchez ha pasado de admitir que si no convoca elecciones es porque supondría entregar las «riendas» del país a PP y Vox, es decir, de asumir que no tiene mayoría social, a afirmar que se queda para seguir «transformando» España. Pero el orden del día del pleno del 22 evidencia las dificultades que afronta el Ejecutivo con su agenda legislativa. No por lo que incluye sino por lo que deja fuera.

La misma Yolanda Díaz que advirtió hace diez días de que para que valga la pena continuar hay que «cambiar el rumbo» y dar un «giro social» a la legislatura anunció el martes su renuncia a celebrar ya, como pretendía, el debate de totalidad de la ley para la reducción de la jornada laboral, por evitar una derrota a manos de Junts; una foto contraproducente cuando se intenta trasladar una imagen clara de estabilidad. Y otro tanto ha ocurrido con la ley estrella del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para la reforma de la carrera judicial, a la que se opone el mismo partido.

El Gobierno ni siquiera ha llevado a la Cámara baja el techo de gasto, antesala del proyecto de Presupuestos, que tradicionalmente se debate en julio junto a los objetivos de deuda y déficit para que dé tiempo a cumplir los plazos marcados por la Constitución, que los socialistas interpretan ahora de forma laxa. En dos años no han presentado unas Cuentas públicas, norma clave de todo Ejecutivo, porque daban por sentado que no lograrían aprobarlas, pero para relativizar esa omisión legal y democrática se aferran a que la economía va bien.

El pasado septiembre, el presidente provocó la indignación de sus aliados parlamentarios al afirmar– en un comité federal del PSOE agitado por la promesa a ERC de un 'concierto fiscal' para Cataluña y en medio de serias dudas sobre cuál sería la reacción de Junts tras ver cómo Salvador Illa hacía trizas el sueño de Carles Puigdemont de recuperar la Generalitat– que tenía intención de seguir gobernando «con o sin concurso de un poder legislativo que necesariamente – adujo–tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». Sin embargo, así ha sido. De otra manera, no habría podido ordenar una inyección de 10.471 millones de euros para elevar al 2% del PIB el gasto en defensa este año. O quizá sí, con el PP.

El Gobierno defiende que ha logrado aprobar ya 36 iniciativas legislativas. Pero tan cierto como eso es que por el camino se le han quedado textos como la reforma de la ley del suelo; la Agencia de Salud Pública, que aspira a aprobar este martes; la ley de movilidad sostenible; la ley de familias; el impuesto a las energéticas, o el del diésel (eso último ha supuesto que la UE suspenda parte del quinto pago de los fondos europeos). En el Congreso siguen atascadas también, entre otras, la reforma de la 'ley mordaza' , la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat prometida a Junts y, además, buena parte del plan Acción por la Democracia, ideado en respuesta a la supuesta cacería política, mediática y judicial en la que el PSOE engloba desde la causa contra el Fiscal General de Estado a las que afectan al hermano y la esposa del jefe del Ejecutivo.