El Congreso testa el futuro de la legislatura en otro pleno de infarto para el Gobierno

Este martes se debate y se vota una de las cuestiones pactadas con la formación que lidera Carles Puigdemont como paso previo a las Cuentas Públicas. Se trata de la proposición de ley para hacer efectiva la delegación parcial a Cataluña de competencias de inmigración. PSOEy Junts cerraron este pacto el pasado marzo después de que los poscovnergentes retirasen su proposición no de ley en la que invitaban Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

Sin embargo, y salvo giro de guion, la iniciativa no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelantes. Yes que además de PP y Vox, elGobierno se ha topado en este tramo de la legislatura con los cuatro diputados de Podemos ejerciendo como fuerza de «oposición total». Los morados están decididos a tumbar la delegación de competencias de inmigración porque la consideran «racista». «No se hará con nuestros votos», vienen repitiendo desde su presentación distintos dirigentes del partido.

De no salir adelante, sería un nuevo revés para el Gobierno de coalición tras el rechazo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral con el que inició el curso parlamentario y de que, el pasado martes, tampoco pudiera arrancar su tramitación la ley de Sumar para crear una Agencia Anticorrupción.

Pero más allá de estas derrotas, la imposibilidad de meter los votos de Junts y de Podemos en el mismo saco dificulta en extremo la maniobrabilidad del Gobierno, poniendo en peligro cualquier iniciativa parlamentaria, empezando por los propios Presupuestos. Ambas formaciones ya miran de reojo al próximo ciclo electoral han puesto líneas rojas que colisionan entre sí –los morados, por ejemplo, exigen bajar por ley el precio del alquiler, algo que no ven con buenos ojos en Junts– metiendo a Moncloa en un callejón sin salida.

Además del plano político, empieza a surgir un enfrentamiento directo entre ambas formaciones. Este sábado, el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, acusó al partido de lidera Ione Belarra de «anticatalanismo» por su rechazo al traspaso de competencias en inmigración. «Ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a llamarnos racistas», zanjó.

Los morados, por su parte, ven en esta proposición de ley un «peligroso» precedente y la enmarcan en la pugna que los junteros mantienen en Cataluña con una Aliança Catalana en ascenso en las encuestas.El partido de extrema derecha esgrime la cuestión migratoria como uno de sus principales puntos programáticos y Junts quiere evitar perder terreno en esa cuestión.

Pero el pleno de este martes en el Congreso no será el único hito parlamentario que se celebra esta semana. La Cámara baja examina en la Comisión de Consumo la reforma legal que Junts pactó con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas.

La ponencia se reunirá una semana después de que se desconvocara una primera reunión y de que Junts anunciara la medida que provocó la indignación del mundo empresarial y de PP y Vox.

En el Senado, el grupo Parlamentario Popular en el Senado ha convocado la Comisión General de las Comunidades Autónomas este martes con el objetivo de celebrar una sesión monográfica sobre la violencia contra las mujeres. De fondo, uno de los asuntos que atenaza al Gobierno, la crisis de las pulseras antimaltrato. Esta ofensiva del PP incluye la petición de reprobación por el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.