Investigan a nueve cargos de la radiotelevisión pública de Cataluña por presunta malversación
La causa está relacionada con el pago de posibles sobresueldos a directivos de TVE3 y Catalunya Radio
C. R.
Barcelona
Jueves, 30 de octubre 2025, 11:37
Una magistrada barcelonesa ha colocado bajo la lupa por presunta corrupción a directivos de la radiotelevisión pública de Cataluña. La titular del Juzgado de Instrucción ... número 1 de Sant Feliú de Llobregat ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos y ex responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -el organismo gestor de TV3, Catalunya Ràdio y Fundació La Marató- por la posible comisión de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos, en el marco de la causa abierta por los presuntos sobresueldos abonados entre 2020 y 2021, con Gobierno soberanista en la comunidad. La denuncia parte de Sociedad Civil Catalana, la organización cívica que organizó las mayores manifestaciones contra el 'procés' en los momentos más críticos de la intentona rupturista.
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El colectivo presentó su denuncia el pasado 29 de abril, de acuerdo a los hechos recogidos en el informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre la gestión de la corporación pública de medios. En ella, los servicios jurídicos de Sociedad Civil Catalana solicitaban la apertura de diligencias por las supuestas irregularidades por las que ahora serán interrogados los investigados. La jueza, que inició la instrucción al considerar que los hechos pueden ser perseguidos por el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha dictado ahora una providencia acordando la declaración de la cúpula del ente gestor de los medios públicos de la Generalitat. Los denunciantes sospechan que los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 podrían no ser casos aislados, sino parte «de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal». Por ello, solicitan diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en etapas anteriores o posteriores a la señalada.
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