El fiscal general niega que él fuera el filtrador sin admitir preguntas de las acusaciones

Despojado de su toga de fiscal general para presentarse ante la sala de siete magistrados como un ciudadano particular, Álvaro García Ortiz defendió ayer su inocencia y negó haber cometido un delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones le reclaman hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y 400.000 euros de multa. La suya fue una declaración que quedará marcada en letras rojas en el Supremo, al ser el primer jefe del Ministerio Público en activo, cabeza visible de los 2.800 fiscales de la carrera, en ser juzgado por la Sala Segunda como aforado.

La puesta en escena de su alegato, que se extendió durante una hora y cuarto, fue singular. Se trató de una exposición a medida, una suerte de monólogo sin interrupciones. Para ello, anunció de forma previa que no contestaría a las acusaciones por su demostrada «deslealtad», encabezadas por el abogado del querellante, Alberto González Amador, y el resto de integrantes de la acción popular: el pseudosindicato Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid o la asociación de fiscales APIF, muy beligerante con el acusado en la causa.

Tras ello, García Ortiz se puso en manos de la representante de la Fiscalía, que no acusa a su máximo responsable, y de la Abogacía del Estado, que ejerce su protección legal desde su imputación en octubre de 2024. A la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, su número dos en una institución jerarquizada, le respondió con un «no» a la pregunta de si filtró los correos de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y con un «sí» a si ratificaba su declaración exculpatoria en fase de instrucción.

A partir de ahí, entró de lleno en materia. Su abogado, Ignacio Ocio, cogió la batuta ante la mirada de los siete magistrados, con una Susana Polo, ponente de la sentencia que decidirá la suerte del acusado, tomando incesantes notas. El integrante de los servicios jurídicos del Estado se convirtió entonces en una comparsa al servicio del director de orquesta. García Ortiz quería contar su relato de forma cronológica; esforzarse en puntualizar cada detalle de una «falsa» filtración al periodista de la Ser Miguel Ángel Campos que pudo cometerse entre las 21:30 y las 23:30 horas del 13 de marzo de 2024, según el auto de procesamiento.

Así, destacó que movilizó a sus subordinados para anular el «intento de intoxicación» del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Un actor central en esta causa, quien ese mismo día escribió en redes sociales un «bulo» sobre la respuesta de la Fiscalía a la ruptura del acuerdo de conformidad de González Amador y sus delitos fiscales. «Lanzaron la idea de que hay un señuelo de la Fiscalía para que pique González Amador ante una actuación torticera nuestra», criticó en enjuiciado.

García Ortiz reconoció que desde el 7 de marzo anterior ya había pedido una «dación de cuentas» (petición de información) para seguir el asunto visto la relevancia pública de González Amador, del que ya se conocía su relación con Ayuso. «El día 13 de marzo hay unas declaraciones suyas [de la presidenta madrileña] en las que se repite el cuestionamiento de las fuerzas del Estado, en las que asegura que su pareja está siendo objeto de una persecución. El panorama es que quienes parecen culpables éramos nosotros, por lo que invertimos un poco el foco», detalló.

Movilizó entonces a las jefas de la Fiscalía en Madrid, Pilar Rodríguez y Almudena Lastra, para recopilar la información de la negociación y reaccionar con esa nota de prensa publicada el 14 de marzo de 2024, que el mismo Supremo sacó del caso centrándose en la revelación de un correo de 2 de febrero anterior en el marco de ese diálogo con la defensa del empresario para un posible pacto. Tras ello, García Ortiz se centró en desmontar el testimonio en el juicio de Lastra, la fiscal superior que ha sembrado dudas sobre él: «Dudo de que me dijera si había filtrado yo los correos», afirmó, deslizando una supuesta animadversión.

Sobre el borrado de los mensajes y correos de sus dispositivos, justificó su acción por «intimidad digital» y para que sus datos no acabaran en manos de terceros, «ya que pondrían en peligro a muchas personas en este país». «Soy muy consciente de eso, por eso tengo borrados automáticos con muchos chats, pero sistemáticamente no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información que pueden tener información profesional. No lo permito y lo hago de manera sistemática», explicó al tribunal.

Y sobre el registro de la Guardia Civil a su despacho, denunció que le pareció «particularmente grave y doloroso», antes de concluir con una frase que le dijo una persona antes de su declaración: «'La verdad no se filtra, la verdad se defiende'». «Es un poco el resumen de lo que ha pasado aquí», finalizó, enfatizando que debe estar «fuera de toda duda» que quisiera perjudicar a González Amador, quien -recordó- siguió negociando con la Fiscalía pese a todo.