De León pide «madurez política» para abrir ya el debate de la ley del vacacional
La consejera de Turismo afea la actitud del PSOE que mantiene un discurso en Canarias y otro en la península
La próxima semana (el miércoles 14 de mayo) se termina, por tercera vez, el periodo para presentar enmiendas al texto que pretende regular la vivienda turística en el archipiélago. Para ese entonces, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, pide «madurez política» y que se abra, después de tres intentos, «un debate en el Parlamento para que la ley salga adelante». Cabe recordar que la propuesta entró en la Cámara regional en diciembre del año pasado, pero debido a «la complejidad del texto», la oposición ha pedido más tiempo para poder estudiarlo.
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El Ejecutivo había previsto que la norma para regular el uso de la vivienda vacacional, debido al incremento que ha experimentado en los últimos años esta modalidad en el archipiélago, saliera adelante a finales de 2024. Sin embargo, esta ley es «necesaria y urgente ahora mismo en las islas», como indicó De León, se ha retrasado como consecuencia de las prórrogas solicitadas por ASG, NC y el PSOE. Ante esta situación, la consejera pidió que los grupos de la Cámara trasladen «alternativas» a este texto, puesto que, hasta ahora, dijo no haber escuchado «cosas distintas» a lo que ya se propone desde el Ejecutivo. A su vez, lamentó que los socialistas tengan un discurso distinto sobre esta cuestión en Madrid y el archipiélago. Así lo remarcó De León ayer en la presentación de las mesas de trabajo para el nacimiento de una nueva ley de ordenación turística del archipiélago celebrada en el rectorado de la ULPGC.
Para la consejera, existen «dos Canarias»: por un lado, la de las que creen que esta ley es «necesaria y urgente y, por otro, la de «la oposición, que no deja de pedir prórrogas».
Además de la última petición de ampliación del plazo para presentar enmiendas, se suman las alegaciones que se presentaron durante el periodo de consulta pública, que se abrió el 26 de marzo y finalizó a principios de abril. En ella la ciudadanía trasladó más de 1.000 alegaciones, a las que también se suman otras 5.000 recogidas por la Asociación de la Vivienda Vacacional. Todo ello, debido a que muchas personas entienden que el texto puede prohibir su actividad.
La ciudadanía, en sus alegaciones, demandó aspectos como la consolidación de la oferta que ya existe en el archipiélago; que se diferencie en la actividad al pequeño propietario y al gran tenedor y que aquellas personas que fallezcan y tengan una vivienda familiar destinada a esta actividad puedan transmitir la misma a sus hijos.
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