La torre de control del aeropuerto de Lanzarote. C7

Saerco dice que el laudo de los controladores «no es firme» tras no subir salarios

200 controladores de 13 torres privatizadas -5 en Canarias- denuncian que la empresa incumple la resolución arbitral

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 4 de septiembre 2024, 02:00

La empresa Saerco, que gestiona 13 torres de control en España -cinco de ellas en Canarias-, asegura que el laudo arbitral que se firmó a finales de julio y que puso fin a año y medio de conflicto laboral, tras recoger una mejora de las condiciones salariales para 200 controladores, «no es firme».

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De esta forma justifica que un mes después de la resolución, no se haya hecho efectiva en la nómina de este mes la subida salarial que recoge el laudo. «El laudo tiene unos plazos legales de aplicación que hay que respetar. Ahora mismo no es firme», aseguran fuentes de Saerco.

El incumplimiento del laudo arbitral, que mejora las condiciones salariales de los controladores de las torres privatizadas, ha enfadado al colectivo que estudia con sus servicios jurídicos las medidas a emprender. No se descarta que se retomen los paros. El aeropuerto de Lanzarote fue precisamente uno de los más afectados durante el conflicto del año pasado, con sucesivos retrasos en los vuelos.

Además de Lanzarote, Saerco gestiona las torres de control de Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro.

De las palabras de Saerco se desprende que el cumplimiento del laudo se retrasará a pesar de que ayer mismo el BOE publicaba las nuevas condiciones económicas de los controladores. El laudo recoge, entre otras cosas, un incremento consolidable con efecto retroactivo del 4% desde el 1 de enero de 2023, además de, a partir del 1 de enero de 2024, un incremento consolidable del 2%. Esto es lo que tendría que haberse abonado este mes.

También se recoge, a partir del 1 de enero de 2025 un incremento consolidable del 2% en todas las partidas salariales. A partir de esta fecha se incorpora el plus de insularidad de 2.000 euros, que pretende compensar los inconvenientes derivados de la residencia en territorios insulares como Canarias y Baleares, así como en territorios españoles extrapeninsulares, según recoge Europa Pres.

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