La continuidad de JSP queda en el aire tras ir al concurso sin acuerdo con los fondos

Crónica de una muerte anunciada. Así se pueden resumir los últimos tres meses de historia de JSP, desde que el pasado 3 de marzo presentó el preconcurso de acreedores, y en los que tras numerosas vueltas, idas y venidas el final ha sido el intuido desde el principio: la presentación del concurso de acreedores.

Finalmente, el concurso, la antigua suspensión de pagos, se ha presentado por JSP en solitario sin acuerdo con ninguno de los dos fondos que estaban en liza -Hiperion y Vulcan Foods-. El agujero que arrastra JSP -con una deuda que en 2019 superaba los 64 millones de euros y a la que hay que sumar lo acumulado en 2020-, unido a los 'peros' de la banca para asumir una quita que aliviara el peso del pasivo -solo a las entidades JSP les debe 42 millones- y la dificultad para lograr un aval que garantizara el circulante -el Gobierno de Canarias decidió recortar la cantidad planteada inicialmente- han sido un cúmulo de circunstancias que han terminado por desalentar a los fondos de inversión que buscaban quedarse con JSP al menor precio posible y por supuesto, con el riesgo más bajo.

La empresa remitió ayer un comunicado haciendo pública la solicitud del concurso de acreedores voluntario -una semana después de que expirara el plazo legal para presentar el concurso y dentro de la prórroga dada por el juez- y en él indicaba el «firme propósito» de salir del proceso concursal con éxito. «La compañía es optimista para que, con la colaboración de todos, se pueda garantizar la continuidad de este grupo empresarial, con la clara vocación de seguir siendo una de las empresas industriales de referencia de Canarias», reza en el comunicado.

Sin embargo, esa garantía no existe a fecha de hoy. Una vez que JSP ha entrado en concurso de acreedores sin un preacuerdo previo con ninguno de los fondos, las decisiones sobre su futuro recaerán en el administrador concursal al que le toque llevar este proceso y su objetivo último y fundamental será el obtener la mayor cantidad de dinero en la venta de la compañía, sea en conjunto o fraccionada en unidades productivas, para poder pagar la mayor cantidad posible a los acreedores.

«La diferencia entre ir a concurso con una oferta amarrada sobre el conjunto de la compañía o sin ella es grande. Entrar a concurso así, sin acuerdo previo, supone que la familia, el consejo de administración y el CEO pierden el control y se reduce la posibilidad de salvarla como unidad productiva. Ahora JSP está en manos de un administrador concursal que tiene una única obligación: conseguir que los acreedores cobren lo máximos posible», indican fuentes empresariales. Según añaden, el administrador sacará entonces a la venta o subastará los elementos de producción que se puedan vender. «Ya no hay nadie preocupado por que siga la compañía. Ahora el objetivo es otro», recalcan.

Los dos fondos que han estado hasta el final intentando un acuerdo con JSP han anunciado su interés de presentar ofertas postconcurso para hacerse con ella. Fuentes cercanas apuntan que no serán las únicas y que, ya en concurso, «habrá movimientos» de otras empresas, incluso Canarias, para hacerse con la totalidad de la compañía o alguna de las unidades productivas.

Los trabajadores de JSP recibieron ayer como un jarro de agua fría la noticia, ya que deseaban un acuerdo previo que garantizara la continuidad de la sociedad. Criticaron la actuación de los consejeros y el que en estos tres meses hayan actuado «solo» por interés propio y sin tener en cuenta a los 500 trabajadores de JSP. «La única oferta seria que hubo sobre la mesa fue la que pusimos los trabajadores», indicó el presidente del comité de empresa, Ángel Yánes, a los que JSP debe más de un millón de euros.

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