Arbistar, en el centro de acusaciones de presunta estafa

Al calor de las criptomonedas, la empresa con sede en Tenerife Arbistar acaparó gran cantidad de clientes. Muchos de ellos están recurriendo por vía judicial al considerarse víctimas de una presunta estafa.

Conchi Viera (www.conchivieraabogados.es), abogada radicada en Gran Canaria y que representa a varios de los afectados, señaló esta semana que hay desde personas que hicieron inversiones casi testimoniales a otros que invirtieron «9 o 10 bitcoin. El cambio está ahora aproximadamente en 9.200 euros».

Entre los afectados hay personas de Corea del Sur, México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Inglaterra, Alemania, Francia y España, entre otros países.

Una primera estimación cifra en unas 30.000 las personas que hicieron inversiones y ahora no podrían recuperar el capital. Desde Arbistar se estarían haciendo ofertas a las personas que recurren para llegar a acuerdos extrajudiciales. A su vez, Santiago Fuentes, CEO de Arbistar, ha señalado en diversos medios que todo se debe a un problema técnico que afecta a «la comunicación entre sus operaciones y lo mostrado en las pantallas de los clientes».

Por otra parte, la Comisión Europea cuenta ya con un diseño de marco regulador para las criptomonedas que fija requisitos más estrictos para la operatividad de divisas digitales como Libra, emitida por Facebook u otras como como Bitcoin o Ripple. El vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis, fue el encargado de presentar ese plan como parte del nuevo proyecto sobre la unión del mercado de capitales y las finanzas digitales. El letón intervino desde su casa, al encontrarse cumpliendo con un periodo de cuarentena tras detectarse en su entorno un caso de coronavirus.

El proyecto de Bruselas pretende responder a «la escala potencialmente enorme» que podrían alcanzar estas monedas virtuales en términos de usuarios y a los desafíos que supondría para la estabilidad financiera. «Por eso, necesitamos fuertes salvaguardias, también contra el fraude y el blanqueo de capitales», explicó el letón. Así que no se escaparán del control de las autoridades nacionales y comunitarias (con el BCE como referencia). La autorización emanará de ellas, como también las normas que deberían garantizar la protección de los usuarios y el sistema financiero.

«Las criptomonedas tienen potencial para reducir los pagos y costos de valores hasta el 50%», señala el Ejecutivo comunitario y favorecen soluciones de pago innovadoras para los consumidores y oportunidades de financiación para los negocios. Pero han de estar sometidas a vigilancia.

El pasado día 11, las cinco potencias del euro (Alemania, Francia, Italia, España y Holanda) marcaron el camino al pedir que no operase en la UE «ningún acuerdo global de criptomonedas respaldado por activos» hasta que se abordasen los retos legales, su regulación y su vigilancia.