Nuevas recusaciones dejan sin fecha la celebración del juicio del caso Jable

El caso Jable, vinculado al caso Unión, aún carece de fecha de vista, a causa de que aún está pendiente que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decida sobre recusaciones contra varios magistrados. Se trata de la segunda tanda, con protagonismo para los jueces Carlos Vielba y María Belén Sánchez.

Atendiendo a las circunstancias, al margen de ver qué decisión se toma, se antoja complicado que este juicio, con varias fechas, se pueda hacer este año, a través de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Cabe tener en cuenta que una primera recusación, a cargo del exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, tardó meses en resolverse. Fue rechazada, según se supo bien avanzado 2019, al inadmitirse la reclamación de octubre de 2017, donde se decía que los jueces Pilar Verástegui y Nicolás Acosta presuntamente habían perdido la imparcialidad para ser parte de esta pieza del caso Unión. También figuraba Pilar Parejo n la primera terna para enjuiciar.

Los magistrados, por su lado, presentaron un escrito donde formularon su abstención en peso, al existir la posibilidad de estar influenciados por su participación en una vista vinculada con la causa, con participación de la empresa Urbaser, como denunciante; así como Jacinto Álvarez, en tiempos responsable de la entidad en la isla, en calidad de denunciando, quien salió absuelto, al igual que los otro siete demandados por la mercantil. No se demostró en esa vista que los que se sentaron en el banquillo se quedaran con dinero de la firma que planteó la acusación.

El caso Jable tiene que ver con Urbaser y FCC; y los contratos de limpieza de la capital y de construcción del pabellón de Argana. El Ministerio Fiscal pide condenas de cárcel para Fernández Camero y para Rafael Arrocha, técnico municipal; así como para Dimas Martín, expresidente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y expresidente insular; y para María Isabel Déniz, exalcaldesa, por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

Según el Ministerio Público, los citados recibieron 757.000 euros en sobornos, entre metálico y regalos, de Tecmed (después Urbaser); y 46.674 euros de FCC, para favorecer en la cesión de obras y servicios. En el banquillo se deberán sentar también varias personas ligados con las empresas.

La investigación, de la Guardia Civil, se inició en la primera década y desembocó en arrestos en 2010. En marzo de 2016 se pasó el caso a procedimientos abreviado y en enero de 2017 se dictó auto de apertura de juicio oral.