Joaquín Cañadas, de Club Lanzarote. / carrasco

La incautación de la desaladora se centra en si hacía falta orden judicial

Celebrada la segunda sesión de la vista que sigue el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife

JOSÉ R. SÁNCHEZ Arrecife

Este miércoles se celebró la segunda sesión de la vista por la incautación de la desaladora de Club Lanzarote en 2014. Buena parte de las intervenciones, con trece testigos, se centraron en una actuación donde no hubo orden judicial explícita.

La acusación popular enfocó sus interrogatorios para dejar en claro que se entró a la fuerza. Las defensas hicieron valer otros principios, centrados en el interés general para 6.000 vecinos de Montaña Roja, una vez que el martes se expuso un documento del magistrado Jerónimo Alonso, instructor de la causa, donde se entiende que la autorización judicial se limita en actos administrativos a domicilios, carácter ajeno a la desaladora intervenida.

En nombre de Club Lanzarote declaró Joaquín Cañadas. Aseguró que antes de la incautación nunca fue advertido de las intenciones del Consorcio de Aguas, así como del Cabildo y del Consejo del Agua; «la palabra incautación la empecé a escuchar después de que pasó», dijo. Reconoció que carecían de concesión para la venta de agua a terceros, aspecto crucial en la actuación.

Narvay Quintero

De interés también fue la declaración de Narvay Quintero, consejero regional en el momento de los hechos. Apreció que se facultó al Consejo del Agua a tomar medidas y acotó que se optó por evitar la clausura de la planta, dado el riesgo inmediato de desabastecimiento que una acción de esta rango generaría.

En calidad de secretario general del Gobierno de Canarias, el letrado Ceferino Marrero justificó los procedimientos sancionadores contra Club Lanzarote, «por infracción muy grave»; por la venta sin permiso de la producción.

Calatayud

La vista seguirá el 1 de junio, con más testigos, incluido el polémico abogado Ignacio Calatayud.

En la sesión del miércoles venidero, a priori las partes expondrán las conclusiones. Solamente se pedirá pena por parte de la acusación popular, que representa a Carlos Meca y Pablo Ramírez, exconsejeros de Podemos en el Cabildo.

No hay acusación del Ministerio Fiscal. Tampoco existe acusación particular por parte de Club Lanzarote.

Como acusados figuran Pedro San Ginés, expresidente del Cabildo, que se expone a inhabilitación; Francisco Perdomo, exsecretario; y José Juan Hernández Duchemín, gerente del Consejo Insular del Agua en el momento de la incautación.