San Ginés basa la incautación de la desaladora en la defensa de bien general

El antiguo presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ahora en la oposición insular; el exsecretario cabildicio, Francisco Perdomo; y el antiguo gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, se han sentado este lunes en el banquillo de acusados ante el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, acusados de un presunto delito de prevaricación, como responsables de la incautación, en septiembre de 2014, de la planta desaladora propiedad de Club Lanzarote, en Playa Blanca. La vista seguirá en próximos días, al no tenerse a bien las cuestiones previas de las defensas, que reclamaron la cancelación y la absolución de sus representados, al no constar acusación del Ministerio Fiscal, ni tampoco de Club Lanzarote. La vista se basa en una acusación popular respaldada por antiguos consejeros cabildicios de Podemos.

Tras las cuestiones previas, el primero en declarar ha sido Pedro San Ginés, quien solamente aceptó responder a preguntas de su letrado. Principalmente dijo el expresidente que la incautación se hizo para defender el interés general, en aras de «garantizar el abasto a los 6.000 vecinos» que estaban obligados a recibir agua de Club Lanzarote, por no haber conexión de Montaña Roja a la red general. Sobre esta empresa resaltó San Ginés que no tenía título habilitantes para vender agua a terceros, circunstancia de que se dio aviso a la entidad en varias ocasiones. Desde 2013 constan varias peticiones formales de cese de actividad, dio a entender.

También dijo San Ginés que «la medida fue proporcionada a la finalidad que se perseguía», añadiendo que se marcó el objetivo de devolver la planta a la propiedad «cuanto antes». Y al respecto aludió a los acuerdos alcanzados posteriormente con Club Lanzarote, «validados por los tribunales».

El antiguo presidente tuvo ocasión de reconocer que tenía en 2014 constancia de varias desaladoras privadas en la isla, destacando que todas ellas limitadas al autoconsumo. «Ninguna de ellas vendía agua a terceros», dijo.

Posteriormente fue turno para el exsecretario cabildicio, que aceptó responder al Ministerio Fiscal y a los letrados defensores. Dio respaldo Manuel Perdomo a las actuaciones rubricadas en 2014.

El tercer declarante, José Juan Hernández Duchemín, también este lunes ha decidido dar respuesta a Fiscalía y abogados defensores. En el comienzo de su intervención referenció al servicio público esencial en el que está inmerso el ciclo integral del agua.

Cabe tener en cuenta que la vista se basa en las denuncias particulares de Carlos Meca y Pablo Ramírez. Reclaman para cada uno de los tres demandados la pena de 12 años de inhabilitación.