Fiscalía mantiene tirar parte de 14 casas de La Bufona, incluida la de la alcaldesa
Las defensas defienden la legalidad de todo lo construido, en el cierre de la vista judicial de una causa relacionada con hechos del siglo pasado
José R. Sánchez
Arrecife
Lunes, 19 de junio 2023
El Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife dejó visto para sentencia en la tarde del lunes la vista por las casas de La Bufona construidas a finales del siglo pasado. Fiscalía mantuvo contra los acusados principales, Federico Echevarría y Antonio Caro, la petición de pena por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, con castigo de cuatro meses de cárcel y multa; acotando los derribos a los añadidos levantados en 14 de las 53 viviendas; incluidas las de la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, y la de Miguel Pallarés, fiscal en ejercicio, desde hace años en Gran Canaria.
Las defensas de los acusados, que han venido planteando que se trata de un caso supuestamente prescrito, demandaron la absolución de sus representados. Esgrimieron que las casas se ejecutaron en suelo apto, con licencias autorizadas por el Ayuntamiento de Arrecife; y añadieron que los promotores dieron por acabadas las obras en el primer semestre de 2000.
Además, uno de los abogados defensores planteó que las costas judiciales corran de manera íntegra por la acusación particular, varios integrantes de la familia Murillo. El caso enjuiciado en cuatro fechas de este mes, que ya tuvo un juicio en 2015 que resultó nulo (por no estar representados todos los responsables civiles subsidiarios -propietarios de las casas-) parte de una denuncia por presunta ocupación de suelo y por supuestas actuaciones contrarias a la ordenación del medio.
La mentada acusación particular, que en el primer día de la vista, el 5 de junio, interesó la suspensión al nuevamente no estar todos los responsables civiles, propuso el derribo íntegro de la urbanización. Y para los dos acusados principales, que se les declare responsables de los presuntos delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio. Retiró esta parte las acusaciones planteadas al inicio del juicio por los supuestos delitos de falsedad documental y estafa.
En cuanto a los responsables civiles, más de una treintena representados en la vista por más de una quincena de letrados, hubo coincidencia en proclamar la inocencia de los dos principales encausados. Se hizo frente común en la validez de lo edificado en el pasado siglo, así como en avalar la legalidad de los añadidos, ya en este siglo, concretados por los dueños de los inmuebles.
