El Gobierno avisa por carta de un desahucio a una familia con menores

Ana Cecilia Sánchez y su familia deberían haber abandonado el pasado 28 de mayo la que ha sido su casa los últimos cinco años en la calle Tarragona de Arrecife, tras ser apercibidos el 1 de diciembre, en una carta enviada por un casero poco convencional, la empresa pública del Gobierno de Canarias Visocan, cuyo objeto fundamental es la promoción de viviendas sociales protegidas. La comunicación se ceñía a informar de que «dentro del plazo conferido al efecto por el artículo 10 de la LAU 29/1994 pongo en su conocimiento la voluntad de esta entidad arrendadora de dar por concluido el contrato. Les ruego por lo tanto que antes de la expiración de dicho término, tengan a bien dejar libre la vivienda».

Ana Cecilia es ayudante de cocina y vive en esa casa con su marido, que es chapista, y sus tres hijos, uno de ellos menor, y un nieto de 18 meses. Firmó en 2013 un contrato de alquiler con opción a compra en una promoción de viviendas de protección oficial, por el que paga casi 300 euros al mes. En el momento de afrontar la compra, en 2015, no pudo hacerlo porque no disponía del dinero suficiente, ya que ni su marido ni ella tienen trabajos fijos, y Visocan pedía una entrada de 15.000 euros.

La carta es la única comunicación que ha hecho la empresa pública. No hubo llamadas antes de eso, ni visitas para conocer la situación de la familia, que se mantiene en la casa, pagando a través del Juzgado porque no encuentra una vivienda que pueda costearse. Ana Cecilia fue a pedir ayuda a la plataforma por una vivienda digna de Lanzarote, que la remitió al abogado Jorge Peñas «Lo de los 15.000 euros es una opción ficticia, lo ponen difícil», dice, y se extraña del «tono tan frío para una institución de este tipo». Según Ana Cecilia, Visocan alude también, «por teléfono», a un problema de convivencia, a quejas de la comunidad de propietarios, pero no existe ninguna denuncia, ni pruebas ni documentos que acredite esto. Ella solicitó infructuosamente hablar con la dirección de la empresa y con el Instituto Canario de la Vivienda, pero el 8 de marzo recibió otra carta con el mismo texto.

Su abogado dice que ha cumplido con todas sus obligaciones puntualmente. En un escrito a Visocan propone tres soluciones: prorrogar el contrato con opción a compra asumiendo una subida de la renta de unos 100 euros, firmar un nuevo contrato en precario hasta encontrar otra casa o comprar por 80.000 euros. En el escrito, Peñas señala que esperan alcanzar «una solución para todas las partes garantizando una alternativa habitacional a esta familia evitando soluciones de vulnerabilidad y desamparo», aludiendo al actual fenómeno de turistificación y precarización laboral. Califica el proceso de extraño, «por lo informal», tratándose de una empresa pública, dado que la comunicación es telefónica y Visocan llega a insinuar que hay otra persona para esa vivienda. Por su parte, Ana Cecilia se siente perjudicada por futuros vetos para optar a otra vivienda social. «El daño moral es irreparable y somos gente decente y trabajadora», afirma.

Desde la Consejería de Vivienda se señala que no se trata de un caso de vulnerabilidad social sino de convivencia y que la comunidad de vecinos les pide que cambien de comportamiento, aunque no hay constancia documental. Ana Cecilia insiste en que no es cierto y que Visocan está creyendo solo esa versión.

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