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josé r. sánchez
Arrecife
Martes, 7 de febrero 2023
El Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife celebró ayer la vista del caso Costa Roja, en relación con una licencia otorgada en 2006 por el Ayuntamiento de Yaiza para permitir la construcción en Playa Blanca de 1.042 viviendas, 228 locales y 2.559 plazas de aparcamiento. Esta licencia fue la que sirvió para sustentar la denuncia de Carlos Espino que derivó en el caso Unión.
En el banquillo se sentaron José Francisco Reyes, alcalde sureño que firmó el documento; Vicente Bartolomé, secretario municipal cuando se dio luz verde a la licencia, luego anulada por el Juzgado de lo Contencioso 5 de Las Palmas; y Antonio Lorenzo, jefe de la Oficina Técnica. Los tres pidieron la absolución, tras conocerse que las partes acusadoras limitaban su demanda de pena a una condena de inhabilitación, sin reclamar cárcel, a diferencia de los informes previos.
En la vista quedó patente que Reyes concedió la licencia al promotor Luis Lleó, imputado en su día y finalmente librado de ser enjuiciado por este caso. Lo hizo principalmente fundamentado en un informe pedido al catedrático Rafael Entrena Cuesta, a sabiendas de que el suelo afectado no tenía rango urbano.
El exalcalde, además, aprovechó que los informes técnicos de Bartolomé y Lorenzo, según se pudo apreciar durante la vista, fueron difusos. Si bien es cierto que no dieron el beneplácito explícito, tampoco incluyeron conclusiones concretas para considerar desfavorable la petición.
Sobre los contenidos de los informes, los abogados de los dos exfuncionarios dieron a entender que en los documentos se contenían aspectos que permitían concluir que el entonces secretario y el que fuera jefe de la Oficina Técnica no daban sus respaldo. Y con aspectos que hacían presumir que eran valoraciones desfavorables. Por ello, ambos letrados interesaron en el cierre de la vista la absolución de sus patrocinados.
Previamente, el Ministerio Fiscal y los representantes del Cabildo y de Carlos Espino habían demandado pena de 3 años y 3 meses de inhabilitación para cada uno de los tres enjuiciados.
En cuanto a la defensa de Reyes, su abogada se adhirió a las conclusiones de los otros dos letrados de la parte acusada, pidiendo igualmente la absolución. No obstante, dio a entender que entendía que el antiguo regidor sí que pudo haber cometido alguna acción punible, instando por ello a que la condena quedara ceñida a una multa económica de poco más de 1.000 euros.
Cabe indicar que el Cabildo en 2007 emprendió acciones para evitar que la licencia fuera válida, al no estar ajustada al Plan General y tampoco tener sitio en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). La sentencia judicial en firme evitó la ejecución de cualquier tipo de obra.
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