PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón

El grupo municipal Popular–Agrupación de Vecinos (PP-AV) de Santa Lucía de Tirajana anunció hoy que se personará como acusación particular en la causa penal abierta por el homicidio de Miguel Milán, el hombre que murió quemado mientras dormía en un furgón en Ojos de Garza en la madrugada del martes. Por estos hechos ya fue detenida Francisca G. R., la mujer que vivía de okupa a escasos metros, por ser presuntamente la autora del incendio. Este jueves podría pasar a disposición judicial.

La formación política considera que la actuación del concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento santaluceño, de trasladar el lunes a una pareja de Vecindario hasta el lugar donde pocas horas después sucedió el incidente, fue no solo «presuntamente ilegal», sino que de no haberse realizado de la forma «irregular e irresponsable en la que se hizo, no se habría producido el trágico suceso».

Según el PP-AV, la decisión de desalojar a dos personas del parque Camilo Sánchez y reubicarlas en Telde, junto con sus pertenencias, sin realizar ningún tipo de evaluación de ningún riesgo ni recabar ninguna información con el Ayuntamiento local, no solo fue supuestamente el detonante del conflicto que «provocó el desgraciado desenlace, sino que incluso uno de los elementos trasladados al lugar -como una bombona- fue el que directamente generó la explosión que pudo haber agravado el fuego», aseguran.

El partido de la oposición denuncia que la decisión del Saúl Goyes es manifiestamente ilegal, argumentando que «carece de competencias para actuar fuera de su municipio utilizando personal y recursos públicos». Además, el PP-AV cuestiona si el traslado se realizó ocupando una propiedad de terceros sin permiso, lo que implicaría que «la propia administración colaboró activamente con una ocupación ilegal».

Asimismo, se preguntan también si la falta de documentación del operativo y la ausencia de comunicación con las autoridades de Telde buscaban, no solo impedir que la actuación se realizara, sino «precisamente no dejar rastro de esta actuación irregular».

Desde la formación aseguran que en su primera reacción pública, el concejal socialista habría justificado la medida por la alerta de calor, lo que consideran una «excusa banal», ya que afectaba igualmente a ambos municipios. Para PP-AV, este caso ha revelado una práctica reprochable del gobierno de Nueva Canarias–PSOE, el de trasladar problemas sociales a otro Ayuntamiento, sin coordinación ni búsqueda de soluciones dignas. Se preguntan si es un hecho aislado o una forma habitual, e igualmente ilegal, de proceder.

Además, denuncian una doble vara de medir y critican que bajo su gestión, «algunas organizaciones políticas convierten a las personas en objetos reubicables en lugares igual de insalubres y vulnerables, no para resolver problemas, sino para que se encargue otro». Y se preguntan cómo habrían reaccionado los ediles de NC–PSOE en Santa Lucía de Tirajana si hubiera sido la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde (PP) quien hubiera actuado así.

«Ante la gravedad de los hechos y la respuesta evasiva del gobierno local, con la que incluso se intenta silenciar a la oposición», el partido ha solicitado acceso inmediato al expediente, además de la comparecencia urgente del concejal en el próximo Pleno. Asimismo, anuncia que se personará como acusación particular en la causa penal abierta, al considerar que hay indicios suficientes de que la actuación ordenada por el concejal de Servicios Sociales, además de ilícita, fue determinante en el fatal desenlace.

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