Solo dos de las familias desahuciadas en Vecindario habían pedido ayuda municipal

Solo dos de las familias que vivían en las 17 viviendas que fueron desalojadas el jueves por orden judicial de un edificio de okupas en Casa Pastores, cerca de Vecindario, habían solicitado ayuda al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, según informan desde el consistorio. Una de ellas, por cierto, estaba entre las 15 personas, todas inmigrantes africanas, que ese mismo día se pasaron 11 horas tiradas en la calle, menores incluidos, esperando a que se les buscara un sitio donde pasar la noche. El Gobierno canario, 'in extremis', les consiguió un techo provisional y de emergencia gracias a gestiones de la Consejería de Derechos Sociales pese a que, recalcaron, no está entre sus competencias, que sitúan en el Ayuntamiento. Aseguran que se pasaron la mañana de este viernes intentando contactar, sin éxito, con la concejal del área. Al final dieron con el alcalde.

Este periódico sí habló con la edil de Servicios Sociales, Antonia Pérez, que aclara que la corporación local estuvo en contacto telefónico con los afectados, pero que, pese a la insistencia municipal, declinaron la ayuda para el alquiler que se les brindó, extremo que, por cierto, niega al menos una de las familias. Es más, asegura Pérez que como el consistorio ya sabía cuándo se iba a producir el desalojo, les había ofrecido la ayuda con antelación, para que ese día del desahucio ya no se encontraran en el edificio. «Pero la rechazaron, y contra eso no podemos hacer nada», apuntó la edil, que defendió el trabajo que se hace desde su departamento para evitar casos como el vivido el jueves. Añadió que la corporación se ha dotado de una red de recursos de cara a estas emergencias y que incluso en la actualidad hay familias desahuciadas alojadas en pensiones de forma provisional para evitar que estén en la calle. Por todo eso, explica, no se montó un dispositivo logístico tras el desalojo. Por lo pronto, y tras las gestiones del Gobierno canario, estas 15 personas, entre ellas, 6 menores, están en un albergue de la capital.

A una de las familias, continúa la concejal, se le estaba haciendo seguimiento desde 2018, desde que llegó al edificio. «Se le ha estado ayudando con vales de alimentos y también para la escolarización de las niñas». Una de ellas, apunta de hecho, había empezado en la escuela infantil. No la cita, pero se refiere a la familia de la senegalesa Mame Ndiaye, una de las que estuvo 11 horas en la calle.

Sobre el resto de familias afectadas, añadió, el consistorio no tenía información. No habían pedido ayudas ni habían acudido nunca a Servicios Sociales. Otras fuentes municipales aclaran, además, que la casuística de los residentes era muy variada. «No todas eran familias con menores», apuntan. Ponen de manifiesto así la existencia de denuncias por trapicheo de drogas en algún piso y que también eran frecuentes las quejas de los vecinos por las molestias que ocasionaban algunos de los okupas.

En todo caso, desde el Cabildo, la consejera de Política Social, Isabel Mena, no ocultaba este viernes su sorpresa porque, al contrario que en otras ocasiones, la institución insular no fue alertada de este desahucio colectivo. «Estamos hoy (por ayer) recabando toda la información en el Ayuntamiento para ver si, en el marco de nuestras competencias, podemos colaborar con estas familias». Lo habitual, dijo, es que las administraciones se coordinen para evitar lo sucedido.

Por su parte, el PSOE de Santa Lucía se mostró muy crítico con el proceder municipal. El edil Julio Ojeda tachó de «irresponsable la actitud pasiva del Ayuntamiento ante el desalojo». Ve «inaceptable que las familias, con 6 menores, se pasaran 11 horas tiradas en la calle, máxime cuando el consistorio tenía conocimiento del desalojo y de la existencia de menores afectados», respecto a los que, recuerda Ojeda, el Ayuntamiento tiene competencias. También advierte una «total descoordinación» con entidades supramunicipales. Hace un llamamiento a «despertar la empatía» en la gestión del municipio y califica de «error» el cierre de la Oficina de Vivienda y el desmantelamiento de la Mesa Técnica de Vivienda y Convivencia.