La parcela coloreada, según sentencia firme, ha de pasar de turística a rústica. C7

San Bartolomé de Tirajana siguió con el Meloneras 2A porque el Gobierno convirtió sus reparos en «observaciones»

El expediente llegó a la aprobación definitiva, pero el Ejecutivo ha instado a su anulación acogiéndose a su primer dictamen desfavorable

Gaumet Florido

San Bartolomé de Tirajana

Jueves, 17 de julio 2025

La telaraña administrativa y judicial que ha rodeado al expediente de planeamiento vinculado al desarrollo urbanístico del sector Meloneras 2A, en San Bartolomé de Tirajana, parece no tener fin. Por lo que ha podido saber este periódico, si bien es verdad que el Gobierno canario emitió un primer informe desfavorable a la modificación menor del Plan General de Ordenación que se proponía con este expediente, el Ayuntamiento siguió adelante con la tramitación al interpretar como un aval un segundo informe del Gobierno, casi un año después, que convirtió sus reparos en observaciones. El primero data del 30 de diciembre de 2022 y el segundo, del 30 de octubre de 2023. Aunque los dos advierten del mismo incumplimiento, el segundo recurre a otro formulismo.

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«Es verdad que hubo un primer dictamen de Política Territorial que fue desfavorable, pero después redujo ese reparo a meras observaciones». Así al menos lo entienden en el gobierno municipal de PP-AV y CC, que, por eso mismo, no ocultan su sorpresa tras la última decisión del Ejecutivo regional, que ha instado a anular la propuesta una vez ya se había aprobado de forma definitiva e iba a entrar en vigor, por lo que, de facto, han vetado el desarrollo de un suelo que habilita cinco parcelas para hoteles de hasta siete plantas y canalizará una inversión de más de 700 millones de euros.

¿Y a qué pudo deberse ese supuesto cambio de posición o esa matización del Gobierno a la que alude el Ayuntamiento? A una negociación paralela. ¿Sobre qué? Sobre la manzana de la discordia de este expediente, que tiene que ver con una parcela en concreto, la APHB-3. Sobre esa pieza recae una sentencia firme, ratificada incluso por el Tribunal Supremo, que obliga a recalificar su uso: ha de pasar de turístico a rústico.

Ese solar se vio afectado en su día por la moratoria turística. El propietario, Maspalomas Resort SL, una empresa del grupo Lopesan, recurrió a los tribunales y estos resolvieron dos cosas: que tiene derecho a una indemnización y que esa parcela ha de pasar de turística a rústica. Al contrario de lo que mandata esta sentencia, la modificación menor recientemente aprobada del Meloneras 2A no solo la mantiene como turística, sino que aumenta su edificabilidad y su aprovechamiento.

El problema, apuntan desde el consistorio, es que el Ayuntamiento terminó de tramitar y aprobar la reordenación parcial del Meloneras 2A, al que pertenece la APHB-3, sin que el Gobierno canario y el dueño de la parcela y promotor de la urbanización, Lopesan, hubiesen cerrado del todo el acuerdo extrajudicial sobre ese solar. Según fuentes consultadas, lo tienen ultimado, pero pendiente de que los tribunales lo autoricen.

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El sector, en cifras

  • Superficie. El sector Meloneras 2A es una pieza de suelo de 1,2 millones de metros cuadrados (1.203.996). Está ubicada entre la GC-500, Mar de Siberia y la línea de costa.

  • Desarrollo. La reordenación aprobada habilita cinco parcelas para hoteles de hasta 7 plantas. Se estima una inversión de más de 700 millones.

  • La discordia. El expediente ha vuelto a ser bloqueado por una parcela de 56.136 metros cuadrados, la APHB-3, situada entre el campo de golf, la calle Mar Blanco y la GC-500.

Siguiendo esta tesis, como el Ejecutivo exploraba ese acuerdo, dejó que caminara el expediente en San Bartolomé y de ahí esa supuesta matización en su posición: del informe desfavorable de 2022 a la «mera» enumeración de observaciones del 2023. El cambio es sutil porque la advertencia era la misma. Había una parcela, la APHB-3, que no podía ser turística y el expediente en marcha no lo estaba teniendo en cuenta.

El Ayuntamiento deja la pelota en el tejado del Gobierno

Así las cosas, y por lo que apuntan fuentes municipales, el Ayuntamiento entiende que ha cumplido con su parte, que era desbloquear un suelo que llevaba parado casi 24 años y que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno canario. Por tanto, en principio no moverá ficha en ese mes que le ha dado de plazo el Ejecutivo regional para que actúe y anule el acuerdo, que se aprobó en el pleno del 6 de mayo último.

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Por lo pronto, en Política Territorial dejan claro que nunca han variado su posición. De haber algún matiz, ha partido de otro departamento distinto del Gobierno.

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